El Gobierno de Uruguay anunció la promulgación de un decreto que modifica la ley de participación público privada en infraestructura con el fin de agilizar el análisis y la ejecución de los proyectos.
El viceministro de Economía, Pablo Ferreri, explicó que el decreto busca avanzar en el “ambicioso” plan de infraestructura en el que Uruguay proyecta invertir 12 mil 300 millones de dólares, “el más alto en décadas”, y que será acometido mediante mecanismos de participación público privada (PPP).
“El decreto permitirá que todas las obras que se lleven a cabo por este mecanismo se adjudiquen en un tiempo más breve sin eliminar ningún control que el Estado debe hacer, desde la cartera contratante de la obra, hasta la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas”, indicó Ferreri.
“Entendimos que para los desafíos que Uruguay tiene por delante era muy necesario sacar un nuevo decreto reglamentario que agilizara todo el proceso”, agregó el funcionario, que actúa como ministro en funciones por estar el titular, Danilo Astori, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
Ferreri hizo el anuncio en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acompañado del titular de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien manifestó que las modificaciones se van a comunicar a la Cámara de Construcción y a las empresas.
Rossi, además, indicó que el Gobierno planea “siete, ocho o tal vez nueve proyectos de participación público privada”, de los cuales en noviembre se hará el llamado público para “tres, cuatro o eventualmente cinco” de ellos, mientras que los restantes se publicitarían en 2016.
“Hay que darle contenido a esos proyectos, estamos muy avanzados en cuanto al texto del llamado a licitación, pero ahora tenemos que concretar el contenido. Para eso se están haciendo los estudios de campo necesarios para poder darle una forma definitiva a cada uno”, esgrimió Rossi.
Por otro lado, Ferreri anunció la firma de otros dos decretos que reglamentan distintos aspectos de la ley de inclusión financiera: el pago de alquileres y el de las remuneraciones por pensiones, beneficios sociales, honorarios personales o servicios personales fuera de la relación de dependencia a través de medios electrónicos.
