Los territorios británicos de ultramar, como Islas Vírgenes e Islas Caimán, estarían a un paso de abrir los registros de propiedad pública, luego de que un ministro anunciara que el gobierno respaldaría una enmienda diseñada para frenar el flujo global de “dinero sucio”.
Gran Bretaña se dispone a obligar a sus territorios que son considerados paraísos fiscales para que den a conocer a los verdaderos dueños de empresas registradas ahí, en un intento por combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Así lo reveló ayer el periódico británico The Guardian, indicando que Alan Duncan, ministro de Asuntos Exteriores, dijo que el gobierno no se opondría al proyecto de ley contra el lavado de dinero presentado por la parlamentaria laborista Margaret Hodge y el diputado conservador Andrew Mitchell.
La reforma de Hodge y Mitchell exige que los 14 territorios de ultramar, incluidos los centros financieros de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, introduzcan registros de propiedad pública para fines de 2020 o se enfrenten a que los imponga el Gobierno del Reino Unido.
Esto implicaría que el mundo tendría acceso a la información accionaria de las sociedades registradas en esos países, evitando la opacidad que podría propiciar el lavado de dinero.