Tres miembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) presentaron su renuncia al cargo entre diciembre de 2016 y el pasado mes de febrero. Se trata del presidente, Álvaro Tomas; el vicepresidente, Eduardo García de Paredes; y el director principal Paul Leignadier.
Mantienen sus posiciones los otros dos miembros, funcionarios actuales del Gobierno: Gustavo Valderrama, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, y Carlos Duboy, secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia.
La renuncia más reciente fue la de Álvaro Tomas, que es efectiva desde el pasado 28 de febrero. García de Paredes y Leignadier presentaron sus cartas de dimisión el pasado mes de diciembre, confirmó la Caja de Ahorros, que no obstante no ha revelado los motivos esgrimidos por los ejecutivos.
El banco estatal elevó una consulta a la Procuraduría General de la Administración para aclarar si los tres directores deben mantenerse en el cargo hasta que el Órgano Ejecutivo designe a sus reemplazos.
“El señor Tomas nos ha manifestado que se encuentra con toda la disposición de seguir colaborando con Caja de Ahorros hasta que el Órgano Ejecutivo nombre a su reemplazo, si esta fuera la recomendación del señor procurador general de la Administración y/o de la Superintendencia de Bancos”, dijo la entidad a consultas de este diario.
Varios ministros habrían planteado al presidente Juan Carlos Varela nombres de eventuales reemplazos, pero estos aún no han sido designados. En la gerencia del banco se mantiene Mario Rojas.
La actual administración del banco ha tenido que gestionar casos controvertidos arrastrados del periodo anterior, que además han sacado a relucir diferencias de criterio entre miembros de este gobierno.
Uno es sobre la línea de crédito aprobada al consorcio HPC Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, en el que la Fiscalía investiga la posible lesión patrimonial en perjuicio del banco. Por este caso están detenidos preventivamente el expresidente de la junta directiva Riccardo Francolini y el exgerente de la entidad Jayson Pastor.
El procurador general de la Administración, Rigoberto González, solicitó al gerente Mario Rojas que la Caja de Ahorros se constituyera como parte en el proceso.
Lo mismo hizo la Fiscalía Sexta Anticorrupción en 2015, en un proceso que investiga la aprobación de un préstamo de $5 millones a la empresa R.G. Hotels para dos desarrollos turísticos de la marca Ibiza, en el que se aceptaron como garantías áreas comunes de los proyectos.
La posición de la Fiscalía y de la Procuraduría es que en procesos de delitos patrimoniales contra una entidad pública, esta deberá constituirse como parte perjudicada para poder reclamar una indemnización.
La administración de la Caja de Ahorros, que no ha atendido las peticiones de la Fiscalía y de la Procuraduría, dijo que se tomarían “las medidas necesarias, de acuerdo a lo establecido por la ley, para garantizar la protección, el patrimonio y la solidez de esta institución”.
