El Consejo de Gabinete aprobó el viernes el decreto ley que modifica el régimen bancario actual, integrado por 277 artículos que redefinen las reglas del juego en múltiples áreas.
Entre los principales cambios aprobados destacan la ampliación de las facultades de revisión y supervisión concedidas a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la, el aumento de regulaciones establecidas para los bancos de licencia internacional, la creación de la carrera administrativa del supervisor bancario, la agilización y flexibilización de los procesos de liquidaciones bancarias forzosas y la institución del arbitraje de servicios bancarios, como método alterno de solución de controversias entre los bancos y sus clientes.
"La reforma ha sido consensuada con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y de seguro nos permitirá desarrollar aún más al centro bancario internacional que tenemos en el país", destacó Gustavo Villa, director de estudios económicos de la SBP.
El sistema bancario panameño es reconocido internacionalmente por su eficiencia, solidez y buen funcionamiento. ¿Por qué reformar algo que funciona tan bien? Porque hay que adecuarse a los nuevos tiempos y porque el acuerdo Basilea también lo demanda, justifican los banqueros y supervisores bancarios consultados.
"El negocio bancario ha aumentado no solo en tamaño (los activos del sector suman hoy 68 mil millones de dólares, 85% más que hace solo tres años) sino en complejidad", comentó recientemente el vicepresidente de la ABP, Mario de Diego. Y cada vez son más los conglomerados financieros de Centroamérica y Suramérica que, por decisiones de negocio, razones tributarias o el simple prestigio de la plaza panameña, consolidan operaciones en Panamá.
En efecto, según las estadísticas de la SBP, más de dos tercios de la cartera de préstamos actual corresponde a bancos panameños (36%) y latinoamericanos (35%), y todos estos tienen como supervisor de origen al regulador local. Solo 1% del total son bancos asiáticos y 28% son de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que por ende tienen supervisor de origen en otras latitudes.
"Eso nos ha obligado a reforzar el marco de supervisión de los bancos que operan regionalmente y a trabajar coordinadamente con los otros supervisores del área", dijo Villa.
El gerente de la Caja de Ahorros, Sergio Altamiranda, asegura que la nueva ley no hizo cambios en materia del secreto bancario ni afectará la confidencialidad en la operación de los bancos.
Los capitales mínimos exigidos como requisito para iniciar operaciones tampoco fueron modificados. Tal como estaba previsto en la Ley 9 de 1998, se pedirá a los bancos con licencia general 10 millones y a los de licencia internacional 3 millones.
En materia de sanciones sí hay ajustes. "Las multas para los que operen sin licencia o autorización aumentan, pasaron de 100 mil a un millón", reportó Amauri Castillo, secretario general de la SBP.
