Dos agencias de calificación de riesgo elevaron este año la nota de riesgo soberano de Panamá después de siete años.
Moody’s lo hizo en marzo y Standard & Poor’s en abril. En ambos casos, muy cerca de las elecciones para elegir al nuevo presidente de la República, gesto que ha sido interpretado como un voto de confianza hacia el país.
Para mantener la calificación y aspirar a seguir subiendo escalones, Moody’s señala que es importante respetar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada en octubre del año pasado y que marca límites para el déficit fiscal anual y el endeudamiento del país.
La misión de las calificadoras consiste en dar opiniones sobre la capacidad de pagar la deuda que tiene un país o una empresa.
Renzo Merino, analista de riesgo soberano de Moody’s Investors Service, dijo ayer que para ganar credibilidad en la política fiscal es importante que se respeten los límites de déficit.
Consultado sobre la tensión en materia de finanzas públicas que se ha generado en el periodo de cambio de gobierno, dijo que en general, en la transición de los gobiernos “tiende a haber bastante ruido”, especialmente cuando cambia también el partido que asume el poder.
Recordó que en 2014 el gobierno entrante anunció que en la primera mitad del año el déficit era equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), por lo que se tomaron medidas para reducir esa brecha. “Es una situación que normalmente se da y que entendemos y que, de por sí, no afecta la calificación directamente”, apuntó.
En esta ocasión, la diferencia entre ingresos y gastos al mes de abril es de 2.1% del PIB o mil 497 millones de dólares, provocado principalmente por una caída en los ingresos de $384 millones, 10.2% si se compara con el mismo periodo del año anterior.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca para el cierre del ejercicio un máximo de déficit de 2%, meta que será difícil de cumplir si se mantiene la tendencia descendente en los ingresos corrientes y a esto se suma la presión sobre el gasto que podrían ejercer los compromisos del gobierno entrante, que prometió, por ejemplo, pagar las deudas pendientes con los proveedores.
La propia ley fiscal tiene cláusulas que permiten la modificación de los límites de déficit. “Si hubiese un cambio en las metas de déficit fiscal bajo el marco de la regla, tendríamos que observar cómo se dan esos cambios. Lo que nosotros esperamos es que con disciplina fiscal se apoye la credibilidad de la política fiscal”.
La agencia asegura que estará atenta a los anuncios y que conversará con la administración que asumirá el poder el 1 de julio.
Algo perjudicial para la calificación de riesgo sería cambiar constantemente los límites de déficit, como sucedió en la pasada administración. “Si se retornase a estas prácticas, sería negativo para el perfil crediticio”, apuntó.
Los otros dos pilares para aspirar a una nueva mejora en la calificación tienen que ver con mantener una tasa de crecimiento económico que permita estabilizar o bajar el nivel de endeudamiento en proporción al PIB, y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Sobre este aspecto, el analista apuntó que la expectativa es que la próxima administración tome medidas para reforzar el marco institucional, sobre todo en el control de la corrupción.
“La percepción de corrupción es relativamente alta y eso hace que Panamá se vea más débil que sus pares”, es decir, países con un nivel similar de calificación.