El nuevo gobernador de Puerto Rico rechazó las órdenes de una junta federal de control en el primer choque entre ambos sobre cómo enfrentar la profunda crisis económica de la isla.
Ricardo Rosselló dijo que las exigencias de la junta son inaceptables y difieren grandemente de la visión que él tiene para promover el crecimiento económico, que ha estado estancado durante una década.
“Cualquier plan fiscal basado exclusivamente en una reducción de los estándares de vida, salud y bienestar del pueblo de Puerto Rico a través de recortes a los servicios de salud, reducciones a las pensiones de los que ya están jubilados... y despidos, es, por su naturaleza, inaceptable”, afirmó en una carta dirigida a la junta, al tiempo que añadió que está dispuesto a colaborar con ese organismo para alcanzar un “equilibrio aceptable”.
El gobierno de Roselló está bajo presión para presentar un nuevo plan fiscal este mes, y también se avecina la expiración el mes próximo de una suspensión temporal de las demandas interpuestas por los acreedores. El gobernador ha solicitado una prórroga en ambos plazos, y la junta dijo días antes que se inclina por concederla.
La junta también le ordenó al gobierno de Roselló que presente un plan que genere $4 mil 500 millones anuales en ingresos o ahorros hasta 2019.
Los integrantes de ese organismo dicen que Puerto Rico debería reformar su sistema fiscal y reducir el gasto en salud y educación superior, así como el tamaño del gobierno, lo cual se lograría en parte con una reducción de los costos de nómina en 30%, entre otras cosas.
“Puerto Rico enfrenta un desafío fiscal abrumador”, afirmó la junta. “A menos que se implementen medidas fiscales y estructurales significativas, el gobierno tendrá un déficit fiscal anual promedio de 7 mil millones de dólares desde el año fiscal 2019 al año fiscal 2026”.
Esto es adicional a la deuda pública de casi 70 mil millones de dólares que la isla pretende reestructurar.
La junta ha dicho que el gobierno debería destinar $800 millones al año para el pago de servicio deuda, lo cual representaría casi 80% menos de lo necesario para hacer los pagos programados, pero Roselló ha dicho que el gobierno pagará con base en los recursos disponibles en el momento.