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Sugieren medidas para reforzar gestión del FAP

Sugieren medidas para reforzar gestión del FAP
Sugieren medidas para reforzar gestión del FAP

La Comisión de Supervisión del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) incluyó en su reporte más reciente una serie de recomendaciones para fortalecer el instrumento de ahorro de Panamá.

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La Comisión es un órgano representativo de la sociedad civil en el FAP y cada año elabora un informe sobre los resultados financieros y el desempeño de las inversiones, así como el modelo de gestión y el gobierno corporativo.

Los miembros de la comisión valoran de manera positiva la reforma introducida en la Ley 51 de 2018, que rebajó el umbral a partir del cual los aportes del Canal se destinan al FAP. Toda contribución del Canal que supere la cifra equivalente al 2.5% del producto interno bruto (PIB) deberá ser ahorrada. Este cambio legal marca “un hito importante para el Fondo” ya que permitirá recibir los primeros recursos procedentes del Canal. Este 2019, el FAP debería obtener $38 millones como consecuencia de los aportes del Canal del ejercicio pasado.

Integrantes de la Comisión de Supervisión del FAP

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. El Colegio de Economistas de Panamá. El Consejo Ecuménico de Panamá. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. El Consejo Nacional de la Empresa Privada.



A partir de 2020 el umbral será reducido a 2.25% del PIB. No obstante, la Comisión de supervisión considera que “esta medida no es suficiente”, ya que se espera que la economía crezca a una tasa superior a los aportes del Canal, “imposibilitando en los años venideros una captación de nuevos aportes para el FAP”.

Por eso la comisión considera que es “imprescindible establecer un porcentaje menor al 2.25%... a fin de que permita oxigenar de capitales nuevos al FAP”. En concreto, sugiere que se rebaje al 2% del PIB.

También valora positivamente que desde este año los rendimientos generados por las inversiones del FAP sean capitalizadas y no distribuidas al Tesoro Nacional, como sucedía hasta el cambio de la ley.

El FAP es el heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y al cierre del primer trimestre de 2019 contaba con $1,321.8 millones de patrimonio. Para incorporar un mayor nivel de garantía sobre esos recursos, la comisión cree que sería conveniente evaluar la posibilidad de que el FAP contrate un seguro catastrófico que le permita cubrir el riesgo de contingencia derivado de un eventual retiro en caso de suceder un desastre natural.

Aunque los cambios legales introducidos el año pasado ayudarán al FAP a crecer de manera orgánica, los miembros de la comisión plantean eventuales fuentes de nuevos capitales, como los ingresos que se generarían (vía dividendos) por transferir al FAP la titularidad de las acciones que el Estado tiene en las empresas mixtas; los ingresos procedentes de la venta de propiedades de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos e ingresos provenientes de concesiones de minería no renovable, entre otras.

Desde el punto de vista legal, la comisión propone que se incluya al FAP en un artículo constitucional “para que le permita gozar de una mayor base de protección para sus activos”.

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