El pleno de la Asamblea Nacional suspendió ayer la discusión del proyecto de Ley 12 que crea un régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP).
El vicepresidente de la Asamblea y de la Comisión de Economía y Finanzas, Tito Rodríguez, dijo que el proyecto necesita más consenso y que la próxima semana se harán reuniones entre todas las bancadas y otros grupos de interés para tratar de alcanzar un nivel de acuerdo mayor.
Las bancadas de Cambio Democrático y de Partido Panameñista y los diputados independientes habían propuesto que el proyecto de ley se bajara a primer debate, pero finalmente la mayoría aprobó la suspensión, de manera que será el pleno de la Asamblea el que retomará el debate.
El diputado de Cambio Democrático, Rony Araúz, dijo que es necesario abrir un periodo más amplio de consultas para conocer la propuesta de ley.
Araúz cuestionó la velocidad con la que el proyecto de ley fue aprobado en primer debate, algo que sucedió en una sola sesión.
A su juicio, sería prudente discutir primero la iniciativa legal que modifica la Ley de Contrataciones Públicas, que es el marco general sobre el que operaría el régimen de las APP.
Dijo, además, que solicitará que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) quede excluido del ámbito de aplicación de la ley para descartar cualquier posibilidad de privatización.
Al respecto, en ocasiones anteriores las autoridades del Ejecutivo han señalado que el régimen de APP no implica la privatización de los servicios públicos.
El argumento de la privatización fue utilizado por el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato) para rechazar el proyecto de ley.
El lunes, los trabajadores aseguraron que el método de inversión, propuesto en el proyecto de ley, respondía a procesos de privatizaciones, con el que se trataría de transferir recursos y bienes públicos al sector privado y bajo el cual se comprometerían los ingresos del Estado.
El Gobierno, bajo el liderazgo del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, ha explicado que intención de la iniciativa es permitir que el capital privado financie y opere proyectos de interés público por un periodo largo de tiempo. Una vez concluido ese plazo de operación y mantenimiento, los activos pasarían a ser del Estado.
Este tipo de contratación solamente se aplicaría a proyectos con un monto de inversión superior a $15 millones.
Estarán excluidos del ámbito de aplicación, según el texto aprobado en primer debate, la Autoridad del Canal de Panamá, los servicios de seguridad, salud, educación, la explotación minera, la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional; el Instituto de Desarrollo Agropecuario y las superintendencias de bancos y valores.
Con esta iniciativa, el Gobierno aspira a que el sector privado, que según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura tiene una capacidad de inversión seis veces superior al sector público, destine recursos a proyectos de interés público, de manera que se complemente la inversión pública.
Uno de los primeros proyectos que el Gobierno podría licitar a través de esta figura sería el sistema de transporte metro cable en San Miguelito, según comentó ha dicho el ministro Sabonge.