La actuación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tiene especial relevancia durante el actual periodo legislativo. De este organismo dependerá la aprobación de importantes traslados de partidas que quedaron pendientes desde la administración de Juan Carlos Varela y otros que aún no se han gestionado.
Para que el país le haga frente a sus gastos e inversiones, se hace una programación anual que queda reflejada en el presupuesto general del Estado.
Sin embargo, la asignación de recursos puede variar si es que no se cuenta con los ingresos proyectados o se priorizan algunos gastos o inversiones sobre otros. Estos cambios deben pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, que suele medir fuerzas con el Ejecutivo, teniendo como mecanismo de presión el aval o rechazo de los traslados de partida.
No obstante, antes de que el anterior gobierno dejara el poder, se aprobaron $86.9 millones en traslados de partidas a 9 instituciones. Con estas movidas se beneficiaron entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, entre otros.
La mayoría de las reasignaciones de recursos estuvo vinculada con la ejecución y pago de obras, que como de costumbre, dependiendo del interés del Ejecutivo y el Legislativo, suelen acelerarse a la salida de todos los gobiernos.
Dinero disponible de proyectos con baja o nula ejecución
Solicitudes en espera
De acuerdo con reportes que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la salida de Varela quedaron en trámite varios compromisos por cubrir, que dependen de este mecanismo. En esta categoría se encuentran $24.4 millones solicitados y no resueltos por la Comisión de Presupuesto, presidida en el actual periodo legislativo, al igual que en el anterior, por Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Estos traslados están relacionados al pago de servicios administrativos contratados por el Estado, que aunque imperceptibles y sin caudal político, son vitales para el funcionamiento del país, como es el caso de la plataforma tecnológica que permite el pago, registro contable y fiscalización de la deuda pública.
La solicitud de estos traslados fue entregada por el MEF a la Comisión de Presupuesto el pasado 9 de mayo. Uno de estos traslados es de apenas $1.1 millones, pero cuya falta de asignación pondría en riesgo la presentación real del balance de la contabilidad estatal.
En igual categoría se encuentra la petición de un crédito adicional por $11 millones para hacerle frente a obligaciones con el Banco Mundial. El 31 de diciembre de este año vence el plazo para pagar este compromiso, de los cuales $7.6 millones corresponden a proyectos de continuidad para darle mantenimiento a la nueva plataforma de compras públicas. Según lo explicado en su momento por la entonces ministra de Economía, Eyda Varela de Chinchilla, durante el proceso de transición con el gobierno de Laurentino Cortizo, no haber conseguido el crédito adicional a través de un traslado de partida, podría incidir de forma negativa en la consecución de futuros préstamos con el Banco Mundial.
Demorado
El gobierno de Varela gestionó estas solicitudes en la Asamblea tardíamente. En un complicado momento político; después de las elecciones generales del país, en las que resultó ganador el PRD.
Sus peticiones se hicieron entre abril y junio de 2019, cuando ya Cortizo había resultado electo y el país pasaba por un proceso de transición de gobierno.
Dentro de los $24.4 millones en traslados de partida solicitados también se encuentran $4.9 millones para el pago de cuotas obrero-patronales correspondientes a 10 años de salarios caídos a 270 empleados públicos que fueron destituidos de forma arbitraria de sus cargos en 1990.
Con esta deuda, el Estado se encuentra en desacato, de acuerdo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 4 de junio pidieron también a la Comisión de Presupuesto la asignación de $5.8 millones para finiquitar una deuda con MCM Global Consorcio, por los trabajos que había realizado en el intercambiador este del puente Centenario.
Un informe presentado al ahora ministro de Economía, Héctor Alexander, destaca que esta empresa enfrenta serios problemas financieros, que han repercutido en su insolvencia, por lo que tiene cesiones y medidas cautelares de sus proveedores, que son los que recibirán el beneficio del pago.
Baja ejecución
De acuerdo con la información suministrada a Alexander, existen fondos en el presupuesto disponibles por $211 millones para redistribuciones presupuestarias, correspondientes a proyectos con baja o nula ejecución.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que es la encargada de autorizar estos traslados de partidas, se instaló la semana pasada a puertas cerradas, por lo que se desconoce qué temas se trataron y cuáles serán sus prioridades.
Con un gobierno entrante, cuya programación presupuestaria es heredada de la pasada administración gubernamental, lo que decida está comisión será especialmente decisivo. Como muestra de ello, estaría en sus manos aprobar el traslado de partida de $14 millones para el pago de parte del subsidio eléctrico adeudado a las distribuidoras de energía.
Solicitud ante la Asamblea Nacional
$11 millones para pagarle al Banco Mundial.
$5.8 millones para el pago de MCM Global Consorcio.
$4.9 millones para el pago de cuotas obrero-patronales de extrabajadores del Estado.
$1.1 millón para el pago del mantenimiento de plataforma SAP.
$390 mil para el pago del sistema CUT, que permite la administración de las cuentas del Estado.
$253 mil para el pago de servicios de ‘data center’.