La incertidumbre se extiende en Puerto Rico y el mercado de bonos municipales en Estados Unidos, ahora que la isla dio el paso sin precedentes de acudir a las cortes federales para restructurar una porción de su deuda de $73 mil millones.
Muchos economistas previeron el paso dado por el Gobierno puertorriqueño el miércoles pasado en medio de una recesión de 10 años, pero ninguno puede prever lo que sucederá ahora.
“Imagínense un maratón”, dijo Craig Barbarosh, abogado de bancarrotas del bufete Katten Muchin Rosenman. “Hoy es el comienzo de la primera milla. Muchas cosas pueden suceder”. En los próximos días, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos deberá nombrar a un juez federal para supervisar el caso de Puerto Rico.
El juez decidirá cómo y cuáles bienes de Puerto Rico serán distribuidos a inversionistas de bonos. Sin embargo, el juez necesitará la aprobación de la junta federal de control que fue creada por el Congreso el año pasado para supervisar las finanzas de la isla.
La decisión de resolver una porción de la deuda en las cortes es la mayor gestión hecha por un gobierno en Estados Unidos para protegerse de sus acreedores. No se sabe cuánto tomará el proceso, aunque funcionarios locales piensan que podrá resolverse en cuatro años.
Durante ese tiempo, advierten economistas y analistas, mucho puede suceder. “Va a ser incómodo para algunos”, dijo Barbarosh. “Pudiera significarlo todo, desde impuestos ligeramente más elevados a ajustes modestos a servicios no esenciales. Van a halar todas las palancas”.