Osvaldo Lau negocios@prensa.comOPINIÓN. Uno de los éxitos que se le debe reconocer a la Dirección General de Ingresos (DGI) de esta administración es la aplicación de la tecnología en los diferentes procesos impositivos, logrando mayor eficiencia de los recursos y mejorando el cumplimiento “voluntario” de los contribuyentes en el campo de los impuestos.
Con el uso de la tecnología, la administración tributaria ha desarrollado una de las herramientas más importantes para el control fiscal. Me refiero a la versión más actualizada del e-tax, mediante la cual se pueden crear nuevos contribuyentes y modificar información (RUC), hacer y presentar diferentes declaraciones juradas con cálculos automáticos (ISR, ITBMS, ISC, Timbres, ITBI, Ganancia de Capital en bienes muebles, en inmuebles y en valores) y hacer consultas de estados de cuenta.Toda la información procesada por medio del e-tax forma parte de una base de datos que al final le permite a la DGI confirmar el fiel cumplimiento de los contribuyentes en cuanto a la declaración de todos sus ingresos, las compras, los gastos deducidos y los impuestos retenidos y pagados. Dicho en otra forma, la tecnología trabaja a favor de la labor de fiscalización de la DGI mediante el procesamiento y almacenaje electrónico de datos, permitiendo desde una simple computadora verificar la información general y los valores que están sujetos a declarar los contribuyentes.
Esto, sin dudas, facilita la tributación y elimina los errores en cálculos, pero obliga a todo contribuyente y a quienes confeccionan declaraciones juradas a estar actualizados con las disposiciones fiscales a fin de evitar dolores de cabeza.A pesar de un reconocimiento general, aún queda mucha tela por cortar para que la administración tributaria sea más justa y equitativa. Entre las cosas pendientes está el reglamento de algunas leyes especiales y la actualización del Decreto 170 de 1993, norma reglamentaria del impuesto sobre la renta. Y aunque la demora puede ser producto de la cantidad de nuevas normas que se han dado desde 2005, lo cierto es que parece que nadie está apurado.
Por si fuera poco, la falta de fiscalización directa está creando la sensación en quienes en una u otra forma tienen responsabilidad fiscal, que el no atenerse a las leyes es un riesgo aceptable, fiscalmente hablando, tal como sucede en nuestro folclórico interior donde cada quien hace lo que le conviene.Si el poco conocimiento de los asuntos fiscales en el sector privado produce faltas involuntarias que la tecnología detecta y que luego se castigan de acuerdo con las normas fiscales, lo peor, poniendo el dedo donde duele, es encontrar esa misma falta de conocimiento en materia fiscal en algunos funcionarios encargados de administrar y aplicar las disposiciones fiscales, pues esa autoridad mal administrada es un delito bajo el principio de que solo pueden hacer hasta donde la ley les permite hacer. Más allá de eso, es caer en el abuso de autoridad que bien puede ser causada por la falta de conocimiento o con la intención de crear dificultades para generar facilidades.
El autor es consultor fiscal y presidente de Centro de Soluciones Ejecutivas, S.A.
