El Decreto Ejecutivo 98 de 27 de diciembre de 2017, firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, permite que los proyectos cuyas residencias tengan un precio dentro de los límites del interés preferencial ($120 mil actualmente) puedan tener cables aéreos para los servicios públicos.
Etchelecu explicó que se permitirá que la línea primaria eléctrica sea aérea, pero que la acometida o línea que lleva la electricidad a las casas deberá ser subterránea en el caso de proyectos entre $50,000 y el límite del interés preferencial.
Para los proyectos que superan el interés preferencial, será obligatorio que todas las líneas sean soterradas.
La medida, añadió el ministro, busca reducir los costos de la construcción e incentivar a promotoras y constructoras a desarrollar proyectos dentro del rango preferencial, que es donde hay un mayor déficit de viviendas.
En el año 2013, el gobierno aprobó un decreto ejecutivo que exigía que las nuevas urbanizaciones contaran con los servicios públicos soterrados. “Los nuevos conceptos urbanísticos abogan por ciudades cada vez más amigables para sus habitantes y por la eliminación de la contaminación visual”, señalaba el decreto aprobado en 2013.
Esta administración, no obstante, penaliza el urbanismo para dar prioridad a la reducción en los costos.
El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Iván de Ycaza, dijo que “la medida debe ayudar en ese rango de viviendas porque el soterramiento conlleva un costo mayor que tener las líneas aéreas”.
No obstante, el urbanista Álvaro Uribe apuntó que el aumento en el costo de una residencia por tener la infraestructura soterrada sería de 2%. En contrapartida, tener los servicios públicos soterrados reduce en el tiempo el gasto de mantenimiento y hace que el servicio sea más fiable.
MARCHA ATRÁS
El decreto que se aprobó en 2013 y que exigía a los proyectos que no fueran de interés social tener los cables subterráneos surgió luego de que el gobierno aprobara la creación de una tasa a los clientes de servicios de telecomunicaciones que sufragaría el soterramiento de cables en las ciudades.
La tasa fue suspendida después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que la creó, pero los fondos recaudados se destinan junto a la inversión de las distribuidoras eléctricas a mejorar el entorno urbano en Panamá y en ciudades del interior.
En la capital estos recursos se utilizan para soterrar los cables en el polígono que conforman vía España, la avenida Federico Boyd, calle 50 y vía Brasil.
Por su parte, en otros proyectos, el Municipio de Panamá está soterrando cables y mejorando el urbanismo en vía España, vía Argentina, calle Uruguay, avenida Ecuador, la avenida Central y la avenida Justo Arosemena, entre otras.
Es decir, se están utilizando fondos públicos para soterrar cables, mientras se permite a los promotores que creen nuevas barriadas con los cables aéreos. Para Uribe, “estamos tumbando con una mano lo que hacemos con la otra”.
