La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia abrió una investigación al presidente del Grupo Aval, el mayor holding financiero del país, a una empleada de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC) y a otros funcionarios, por supuestas prácticas contra la libre competencia.
Los cargos derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la estructuración y adjudicación del Tramo II del proyecto vial Ruta del Sol, propiedad de la brasileña Odebrecht, Episol -del holding de inversiones Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval-, y de Cass Constructores, en un contrato por $1,652 millones.
La investigación recae sobre varios funcionarios, incluido Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo del magnate del mismo nombre; María Victoria Guarín, oficial de inversiones de la IFC y de otros representantes de Corficolombiana y de Odebrecht.
“La superintendencia encontró que no se adoptó ni por parte de Corficolombiana, ni por el Grupo Aval, ni por la Corporación Financiera Internacional, medida alguna para impedir el aprovechamiento del conflicto de intereses”, precisó el regulador.
“En cambio lo que se logró advertir por la superintendencia en las explicaciones ofrecidas, fue la negación contraevidente de la participación de los mencionados funcionarios en todas las etapas de la estructuración e implementación de la licitación pública”, agregó.
En caso de que se comprueben las irregularidades, la superintendencia puede imponer multas de hasta $25.8 millones a las empresas involucradas y de unos $516 mil a cada uno de los funcionarios.
En un comunicado, Grupo Aval rechazó las acusaciones: “No hay pruebas que demuestren que en las prácticas de soborno de Odebrecht hayan participado Grupo Aval, Corficolombiana, ni Episol. De la misma forma, es claro que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial Episol, se efectuaron pagos irregulares”.
La investigación de la superintendencia también incluye otros cargos sobre diferentes empleados relacionados con el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el Instituto Nacional de Concesiones; el aprovechamiento de un conflicto de intereses; y la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto vial. Según la superintendencia, entre 2009 y 2014, Odebrecht realizó pagos ilegales a oficiales del gobierno colombiano por más de $11 millones para asegurar la obtención de contratos de obras públicas.