Tras reconocer las pérdidas que en alguna medida han tenido todos los panameños por la pandemia, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, calificó ayer como un “desacierto” el impulso de algunas propuestas legislativas dirigidas al sector bancario.
Actualmente, existen seis anteproyectos o proyectos de ley en la Asamblea Nacional que inquietan al sector, todos por igual, “pues suponen una intervención política, alejada de toda consideración técnica o financiera, en la actividad bancaria”, señaló Berguido, durante una conferencia de prensa virtual.
Los anteproyectos 267 y 277 y el proyecto 490, que ya pasó primer debate, proponen extender la ley de moratoria por varios meses más. Esta moratoria, que se aplicó el año pasado con la sanción de la Ley 156 del 30 de junio de 2020, se extendió hasta el 30 de junio de 2021, a través de un acuerdo bancario con la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Entre otra de las propuestas, el anteproyecto 253 y el proyecto 420 proponen tipificar el delito de usura o el control de tasas de interés. Por último, el proyecto de ley 450 introduce un sistema de mediación, por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para que clientes y acreedores acuerden resolver sus diferencias.
“Todos contribuyen a crear un clima de inseguridad jurídica y aumentan el riesgo operativo y de crédito, y fuerzan a los bancos a asumir posiciones de aversión extrema al riesgo, lo que se traduce en menos disponibilidad de créditos a la economía, justamente cuando damos los primeros pasos hacia la recuperación del empleo, y es cuando más se necesita el crédito en el país”, afirmó Berguido. Agregó que son proyectos que, lejos de ayudar a los panameños, tendrán el efecto de perjudicar a los más pobres, los más vulnerables, los más jóvenes, los pequeños empresarios y emprendedores, pues son los primeros que pierden acceso al crédito.
Moratoria y el PIB
Una ley de moratoria tiene efectos negativos en la economía porque restringe la aprobación de nuevos créditos, algo que ocurrió el año pasado.
Como ejemplo, Berguido señaló que la caída de más del 40% en el acceso al crédito se vio reflejado en el crecimiento negativo que tuvo la economía panameña en 2020, con -18.5%, uno de los peores de todo el mundo. “Se debió en gran parte a los cierres económicos, pero seguramente exacerbado por la contracción del crédito, que el año pasado fue del 45%”, recalcó Berguido.
Mostró en una gráfica el desplome que tuvo el año pasado el crédito, algo sin precedente, y que ha continuado este año con un -35%. La caída del crédito afectó a todos los sectores, con la excepción de los préstamos al Gobierno, que sí creció 61%. Hubo sectores como consumo personal con una disminución de 50% o construcción con una baja de 51%.
Berguido dijo que el efecto es negativo, porque el mayor porcentaje del dinero que se presta en Panamá viene de los propios clientes de los bancos. En el país hay más de 5 millones de cuentas bancarias, que a su vez se traducen en $62 mil 843 millones en depósitos locales y $21 mil 831 millones que provienen del extranjero, además de otras fuentes.
Préstamos modificados
La ABP afirmó que el sistema bancario fue solidario con los clientes en 2020 a través de los préstamos modificados. Hasta febrero de 2021, más de 700 mil clientes del sistema bancario contaban con alguna medida de alivio financiero. Se incluyen a los clientes con préstamos hipotecarios, de auto, personal o tarjeta de crédito. Hay unos 27 mil clientes que corresponden a empresas. En total, estos clientes suman $23 mil millones, que representan el 34% de la cartera de todo el sistema bancario.
Aimeé Sentmat, presidenta de la ABP, explicó que los bancos ejercen un papel de intermediarios financieros, es decir, captan recursos a través de depósitos de los clientes a los cuales se les paga una tasa de interés y, a su vez, prestan estos dineros a otros clientes para financiar hipotecas, autos y otros productos.
Para los bancos, significa que estos $23 mil millones de préstamos modificados no se están pagando.
Los mayores usuarios de estos préstamos modificados son los sectores construcción, comercio y servicios. Sentmat dijo que la mayoría de las empresas han estado en contacto con los bancos, para encontrar una salida.
En el área de préstamos con personas naturales, el mayor número de usuarios está en la cartera hipotecaria, con $8 mil 385 millones de $12 mil 282 millones de los préstamos modificados. Los segundos usuarios son los préstamos personales y luego, los de autos y tarjetas de crédito.
“Hemos logrado acuerdos con un 30% de la cartera de clientes que sumaban más de un millón, sin embargo, tener 700 mil clientes con los cuales no se ha hecho acuerdo [aunque sí gocen de algún alivio], todavía es un número muy elevado”, manifestó.
En ese sentido, recalcó la importancia de que cada cliente que tenga un préstamo y se haya quedado sin ingreso, se acerque a su banco para explicar su situación. Consultada sobre la situación de aquellos que tienen contratos suspendidos, Sentmat respondió que igualmente deben acercarse para buscar una solución, que en algunos casos puede ser refinanciamiento o extender el plazo de la deuda.
