Varios datos económicos que se han conocido esta semana revelan que el ritmo de la recuperación económica es lento, mientras la deuda crece a un paso acelerado.
Al cierre del primer trimestre, el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 8.5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se explica en parte por las restricciones impuestas por el Gobierno.
Mientras tanto, el índice mensual de actividad económica (Imae) acumulado hasta mayo reflejó una caída de 1.85% respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto, a pesar de que en los meses de abril y mayo de 2020 ya se habían impuesto las medidas de confinamiento y cierre de muchas actividades.
La lectura de varios economistas consultados es que los números muestran una tendencia de recuperación de la economía, pero lenta.
Esta semana también se conoció que la deuda pública subió hasta $39,684.4 millones al cierre de junio, con aumentos de $6,639.8 millones respecto a junio de 2020 y de $13,072 millones si se compara con el dato de junio de 2019.
Los tres indicadores corresponden a momentos distintos del año y cada uno tiene sus características estacionales, pero lo cierto es que reflejan un desempeño económico débil y un aumento considerable de la deuda.
El economista Ernesto Bazán dijo que crecimiento económico, déficit fiscal y deuda pública forman parte de un triángulo y se relacionan entre sí. Estas son las principales variables a las que dan seguimiento las agencias de calificación de riesgo y cuyo deterioro, en medio de la pandemia, motivó las rebajas en la calificación soberana por parte de las tres grandes agencias de rating. En el caso de Fitch, la nota de Panamá quedó a un escalón de perder el grado de inversión.
Uno de los elementos clave para empezar a mover la rueda en la dirección adecuada es la reactivación de la economía, luego del desplome del 17.9% de 2020.
Algunas actividades vinculadas al sector externo, como el Canal o los puertos, están mostrando un buen desempeño, dijo el exviceministro de Economía, Domingo Latorraca, que también se refirió, en el plano local, a resultados positivos en la venta de autos, por ejemplo.
No obstante, hay otros sectores que siguen afectados, entre ellos, la construcción y el turismo.
Latorraca coincide con Bazán y el también economista Felipe Argote en la necesidad de dotar de un mayor impulso a las obras de infraestructura pública para que la recuperación sea más efectiva. No solo por su peso en el PIB, sino por lo que generan para otros sectores de la economía. Solo en el primer trimestre del año, esta actividad se contrajo un 35.1% respecto al año anterior, mientras no se ve impulso en proyectos de obra pública de envergadura y en algunos casos específicos, como el Corredor de las Playas, se ha reducido el alcance del proyecto.
Con el avance del año, las cifras de desempeño económico deben ir mejorando, ya que se van a ir comparando meses de 2020 con fuertes restricciones de este año, con otros con más apertura.
Bazán dijo que los números positivos responderán más a un rebote estadístico que a una reactivación de la inversión o el empleo. “No podemos esperar que la economía se reactive sola. Hay que estimularla, porque cuando un paciente está en estado de shock necesita un electroshock, no una aspirina ni un suero”, comentó.
En ese sentido, además de dinamizar las obras estatales, Latorraca destacó la importancia de la campaña de vacunación y dijo que se deben levantar las restricciones de movilidad y mejorar la experiencia de ingreso al país en Tocumen, para que el sector turismo pueda despegar. Solo en el primer trimestre del año, el segmento de hoteles y restaurantes sufrió una caída del 54.8%.
“Se necesita mucha confianza para que la situación se normalice”, sostuvo.
Para el conjunto del año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura proyecta un crecimiento de 8.2% respecto a 2020. Latorraca opinó que es más probable un crecimiento entre 8% y 9% que las proyecciones que apuntan a 12%, como la del Fondo Monetario Internacional.
Economía y deuda
Bazán explica que el crecimiento de la economía permite un mayor nivel de endeudamiento. Como sucede en una familia, a medida que aumenta el ingreso se puede acceder a más créditos. En macroeconomía, esto se mide por la relación entre deuda y PIB. Entre 2019 y 2020, el ratio pasó de 46.4% a 69.8%, un salto de más de 23 puntos porcentuales.
Consultada sobre la evolución en la relación entre la deuda y el PIB para este año, la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que “se espera una mejora en este ratio, apalancado en gran medida por las proyecciones del crecimiento económico de un 9% [estimación del MEF] para el año 2021”.
La Dirección comentó que al cierre de junio se ha financiado alrededor de un 85% del total de necesidades de este año, de unos $6,000 millones, incluyendo los pagos de deuda y el déficit fiscal del ejercicio. Ese déficit se explica porque los gastos serán superiores a los ingresos.
Latorraca y Bazán coinciden en la necesidad de contener el gasto operativo del Gobierno, ya que este no se traduce en mayores niveles de productividad. “Sería importantísimo mostrar una orientación hacia generar ahorros”, sostuvo Latorraca.
En ese sentido, Bazán aboga por “equilibrar el presupuesto, quitar gastos innecesarios y hacer una reingeniería”, sin dejar de revisar subsidios y algunas exoneraciones fiscales que, a su juicio, no se justifican y lastran la capacidad del presupuesto.
Para 2022, cuyo presupuesto se debe discutir en la Asamblea Nacional en los próximos meses, el margen de déficit fiscal del Gobierno será menor. De un rango entre 7% y 7.5% del PIB permitido este año, se pasa a un techo de 4%.
Crisis de la CSS
En este escenario de débil desempeño económico, aumento de la deuda y un espacio fiscal que se reduce, Bazán llama la atención sobre la crisis del subsistema de beneficio definido de la Caja de Seguro Social (CSS), situación que explica con la analogía de una granada que se ha ido pasando de administración en administración, y que podría explotar en 2024, cuando en principio se agotarían las reservas para hacer frente a los pagos de los jubilaciones. Si no se resuelve antes el problema estructural, habrá una gran presión sobre las cuentas públicas.
“La situación tiene la suficiente gravedad como para que se genere un sentido de urgencia. Si no se le da prioridad, no estamos haciendo lo que una administración y un país responsable deben hacer”, sostuvo.
