Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un acuerdo para equilibrar las finanzas del país, que descarta privatizaciones o mayores impuestos al consumo o a las pensiones, propuestas rechazadas por la población.
El acuerdo, firmado por una misión técnica del Fondo y que aún debe ser aprobado por la gerencia y el directorio ejecutivo del ente multilateral, es por tres años y contempla un programa de reformas y políticas para disminuir un abultado déficit fiscal de 8.3% del PIB, además de un crédito por mil 750 millones de dólares.
El programa busca alcanzar la estabilidad macroeconómica e impulsar una serie de reformas que propicien un crecimiento vigoroso, duradero e inclusivo en Costa Rica, explicó la economista Manuela Goretti, representante del Fondo, en una teleconferencia junto con autoridades económicas del país.
“ El respaldo del FMI a las políticas monetarias y estructurales de Costa Rica representa un sello de confianza que permitirá al país alcanzar mejores condiciones financieras en los mercados”.
Rodrigo Cubero, presidente del banco central de CR.
Entre las medidas para aumentar los ingresos fiscales están un gravamen de 0.5% a las casas consideradas de lujo, y el traslado al fisco de hasta 30% de las utilidades de 14 empresas estatales, una medida que regirá durante cuatro años para recaudar 0.2% del PIB cada año.
El Congreso también tiene en discusión un proyecto de ley de empleo público para ordenar los salarios en el sector estatal, al que se atribuye gran parte del desequilibrio fiscal de Costa Rica.
El ministro de Hacienda, Elián Villegas, aclaró que el paquete de medidas no contempla propuestas como privatizaciones o el incremento del impuesto al valor agregado, actualmente de 13%, y el gravamen a las utilidades del régimen obligatorio de pensiones, cuestionadas en el Congreso.
Una primera propuesta de acuerdo con el FMI generó protestas en octubre.
El déficit fiscal del país centroamericano alcanzó 8.3% del PIB en 2020, el más alto en las últimas cuatro décadas, aunque inferior a la proyección de 9.2% del Banco Central.
Las obligaciones económicas se dispararon el año pasado por el impacto de la pandemia de la Covid-19, que aumentó los gastos para atender la emergencia y redujo los ingresos fiscales.