Tras regresar a la Asamblea Nacional por el veto parcial del presidente Laurentino Cortizo, los diputados volvieron a aprobar ayer en tercer debate el proyecto de Ley 169, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, incluyendo ciertas modificaciones.
La visión de la OCDE
Una de las preocupaciones que comparten organismos como la OCDE y el GAFI es la dificultad de obtener información sobre los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos, así como la escasa (o incluso inexistente) cooperación en la identificación del beneficiario final en algunos países.
De acuerdo con el informe del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE, contar con esta información resulta de vital importancia para evitar que se oculte la identidad de los clientes en el entramado de sociedades constituidas en distintas jurisdicciones.
Para erradicar este problema, se alienta a los países a que tengan los mecanismos legales para ser capaces de obtener información básica y relativa a los beneficiarios finales (incluso sobre aquellos residentes en el extranjero), y conservar dicha información de forma que pueda utilizarse en investigaciones abiertas.
La creación de un registro de beneficiarios finales es una de las iniciativas que adelanta el Ejecutivo con la intención de reforzar el control sobre la actividad de las sociedades anónimas, una de las deficiencias detectadas por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que tienen a Panamá en sus respectivas listas sobre países con deficiencias en el intercambio de información fiscal y de prevención del blanqueo de capitales.
La Superintendencia de Sujetos No Financieros estará a cargo de crear y custodiar la base de datos.
Los agentes residentes o abogados deberán cargar al registro información sobre los beneficiarios finales de las sociedades que representan.
Así, en el marco de una investigación o ante un requerimiento internacional, se podrá conocer quiénes son las personas que están detrás de una sociedad, limitando así la posibilidad de crear entramados que esconden los beneficiarios finales de las compañías.
Una de las novedades introducidas ayer en el debate, y que había sido solicitada por el Ejecutivo, tiene que ver con la definición de autoridad competente, aquella que podrá obtener información del registro.
En el texto aprobado en diciembre solo se consideraba autoridad competente la Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas.
En su escrito de objeción, el presidente Cortizo señaló que había otras entidades públicas, como la Superintendencia del Mercado de Valores, que también podrían requerir información del registro.
Así, el texto aprobado ayer “amplía las autoridades competentes, incluyendo aquellas con competencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, dijo a este diario Publio de Gracia, director general de Ingresos, que participó ayer en la sesión del pleno.
Otro cambio sustancial tiene que ver con la responsabilidad del agente residente por la veracidad de la información.
En el documento que llegó a Presidencia se eximía completamente de responsabilidad a los abogados, algo que fue objetado por el Ejecutivo.
Finalmente, el texto señala que el agente residente no será responsable por la veracidad de la información que se le proporcione, siempre y cuando medie la aplicación de la debida diligencia.
Además, se incluyó otro párrafo que había desaparecido en el debate legislativo y que señala que el sistema único de registro de beneficiarios finales podrá ser ajustado para requerir información adicional.
