El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, reconoció ayer la necesidad adicional de endeudamiento para financiar parte del presupuesto general del Estado para 2021 aprobado en segundo debate por un monto de $24,192.4 millones, un incremento de $103 millones con relación al presupuesto original que era de $24,088.9 millones.
El proyecto fue aprobado en la Asamblea Nacional por la aplanadora del oficialismo en medio del cuestionamiento de los diputados independientes y algunos de los partidos de oposición sobre el crecimiento del gasto en funcionamiento y el recorte de inversión en algunas entidades, pese a que el presupuesto en discusión es superior al de 2020.
Alexander repitió varias veces que la gran diferencia del presupuesto de 2021 contra el de 2020, es que el proyecto para el próximo año se ha preparado en medio de la pandemia y tomando en cuenta que se prevé que los ingresos serán comparables a los de 2014.
“Vamos a tener que traer recursos del exterior que no hubiera sido necesario sin la pandemia”, dijo Alexander acompañado del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.
Argumentó que como parte de la reestructuración de la deuda, dentro de la pandemia se ha logrado tener tasas de interés más bajas, con un ahorro calculado en $125 millones en 2019 y 2020, si se compara con las tasas que hay en el mercado.
“El aumento de deuda, en la forma que nos hemos estado endeudado en 2020 y para 2021, yo sí creo que es justificable para un país que no tiene banco central”, afirmó Alexander.
Sin embargo, reconoció que esto no es sostenible en el tiempo para el futuro del país, por el incremento que tendría la deuda y por ello se debe pasar a otra etapa que sea una deuda sustentable.
Aprobación en segundo debate
El proyecto de ley 474, que plantea una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar los límites de déficit fiscal previstos para este año y los sucesivos fue aprobado anoche en segundo debate.
Las debilidades
El diputado independiente Gabriel Silva dijo ante el pleno que el presupuesto en Panamá no es participativo, por la forma tradicional que excluye a la ciudadanía, en las decisiones para aprobarlo y desarrollar proyectos.
“Si se le diera participación a la ciudadanía esta podría participar en decidir qué obras se harán y conocería los detalles”.
Igualmente, Silva criticó que el presupuesto del Estado no está elaborado con base a metas, como sí ocurre en una empresa. “El presupuesto debe tener definido cuántas personas saldrán de la pobreza, cuánto se disminuirá la corrupción, cuánto mejorará la educación, entre otros”, agregó.
Al no contar con estos objetivos y metas, es posible que se le esté dando millones de dólares a instituciones que no han hecho nada el año anterior, agregó Silva.
Al respecto, el director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González, reconoció que “no podemos seguir haciendo más de lo mismo”, al referirse a la necesidad de hacer cambios en el presupuesto estatal.
Según González, quien ya fue director de presupuesto en 2004, existe la tecnología para tener presupuesto con resultados, como ya ocurre en otros países. “La voluntad es la única variable que haría falta para hacer realidad este objetivo”, indicó González.
