Desde que los bancos abrieron la posibilidad de flexibilizar las condiciones de los préstamos de sus clientes, más de 660,000 créditos han sido modificados, con un saldo total de $14,700 millones.
Esta es la cifra que maneja la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) al 30 de abril, es decir, un mes después de que los bancos anunciaran que concederían una prórroga automática de tres meses a sus clientes afectados por la crisis de la pandemia.
Ese primer periodo se corresponde con las mensualidades de abril, mayo y junio.
Luego de un acuerdo alcanzado entre la Presidencia de la República y los bancos que integran la ABP, el alivio podrá ser extendido hasta diciembre.
“Al mes de julio, que era el cierre de nuestro primer paquete de medidas, no íbamos a tener la situación resuelta. El nivel de incertidumbre es muy alto y en julio nuestros clientes no van a tener probablemente una situación mucho más clara”, manifestó ayer Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la junta directiva de la ABP, en un conversatorio virtual con un grupo de periodistas.
La extensión aplica para todo tipo de préstamos, tanto de consumo (hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales y de autos) como comerciales, incluyendo el segmento de pequeñas y medianas empresas y el de compañías de mayor tamaño.
A diferencia de la primera prórroga de tres meses, que fue de carácter automático, en esta ocasión el cliente deberá hacer la gestión con el banco y demostrar que sigue estando afectado por la emergencia sanitaria.
Un cliente afectado puede ser aquel trabajador que ha sido cesado durante la crisis, al que le han suspendido temporalmente el contrato o quien ha visto su jornada y su salario reducidos.
También la empresa que ha tenido que cerrar o que ha sufrido una caída en sus ingresos.
“Los clientes nos darán la información y el banco determinará la medida de alivio”, apuntó Sentmat.
El plazo de la extensión podrá ser de hasta seis meses, es decir, hasta diciembre de este año, pero también más corto. Todo dependerá del nivel de afectación del cliente y de si se mantiene en el tiempo su situación de bajo o nulo ingreso.
La ABP confirmó que en lo que resta del año no se producirán ejecuciones para los clientes afectados por la crisis y que tampoco se manchará el historial de crédito por no pagar las mensualidades como consecuencia de la crisis.
Sentmat y otros representantes del sector coincidieron en que este acuerdo amplía el periodo de moratoria planteado en el proyecto de ley 287, que fue vetado parcialmente por el presidente de la República, precisamente en los artículos que tienen que ver con la moratoria bancaria.
“Hablar de una moratoria de tres meses deja de tener sentido cuando inicialmente nuestra moratoria ya era de tres meses y ahora es superior a dicho término y que puede llegar hasta diciembre”, apuntó Sentmat.
Como han hecho en otras ocasiones, los banqueros instaron a las personas y empresas que no han visto afectada su situación financiera a que sigan honrando sus obligaciones.
De igual forma, recordaron que durante el alivio no se cobrarán intereses por mora ni recargos, pero que se seguirán calculando los intereses regulares causados por el préstamo.
Al respecto, Sentmat dijo a modo de analogía que pedir a los bancos que no cobren intereses sería equivalente a ir al supermercado y llevarse gratis la comida.
El economista Daniel Oblitas señaló que “los bancos tienen y deben cumplir con sus compromisos por los depósitos y financiamientos, con flujos de ingresos temporalmente menores por la moratoria aprobada, por lo que su gestión de la eficiencia operativa es importante de cara a mantener resultados positivos”.
Fondo de liquidez
La ABP y el regulador bancario han destacado que la crisis llegó en un momento en que el sector está robusto, pero dadas las coyuntura actual, podrían darse situaciones de falta de liquidez puntuales.
Como mecanismo de respuesta ante un evento de este tipo, el Gobierno y el Banco Nacional de Panamá están gestionando un fondo de liquidez contingente de unos $1,000 millones, que saldrían de líneas de crédito obtenidas a partir de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés). “En un país como Panamá, sin banco central, es importante asegurar los mecanismos para líneas de liquidez. Esas líneas dan garantía de que en una situación de contingencia haya acceso para que los bancos hagan frente a las obligaciones”, dijo Sentmat de Grimaldo.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, explicó que un fondo de esta naturaleza no es “salvataje ni tampoco capital de trabajo”. Es decir, un banco que tenga problemas de solvencia no podría recurrir a estos fondos. “Es única y exclusivamente para necesidades transitorias de liquidez que pueda tener un bancos”, manifestó.
Las reglas de acceso a este fondo están aún por definirse así como su duración, pero los bancos que tomen estos recursos, además de cumplir los requisitos exigidos, tendrán que pagar por ellos e incorporar una garantía.