El incremento de la tarifa eléctrica a los que consumen más de 301 kilovatios hora al mes representa, según el presidente Juan Carlos Varela, unos $60 millones, de los cuales el 51%, o $30.6 millones, corresponden a los costos de transmisión de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
El 49% restante, o $29.4 millones, está relacionado con el aumento del precio del petróleo. En el país se genera energía con búnker. Y también con carbón, cuya tonelada subió de $90 a más de $110.
Estos gastos abultaron el incremento de la tarifa hasta un promedio de 8.3% para 274 mil 554 clientes residenciales, comerciales e industriales de ENSA y Edemet.
En el monto destinado a la tarifa de transmisión se incluyen, a su vez, varios componentes: pago del financiamiento de la tercera línea de trasmisión, costos de mantenimiento de las infraestructuras y generación obligada. Esta última corresponde a la energía que no se ha podido transportar desde los centros de producción hasta los sitios de consumo por falta de la tercera línea eléctrica.
Para el pago de este proyecto, construido desde Chiriquí hasta Panamá a un costo de $345 millones, existe un compromiso de Etesa para pagar a los bancos en un periodo menor a cinco años.
Factura eléctrica sin ajuste
El costo del proyecto es transferido en la tarifa a los clientes en un periodo de 33 años con el propósito de que el ajuste tenga un menor impacto.
El exgerente de la estatal Etesa Iván Barría considera que no se debió incluir en la tarifa el gasto de la energía que no se pudo transportar desde Chiriquí a la ciudad capital. Sin embargo, Etesa no tiene forma de asumir este costo. La nueva administración de la empresa, a cargo de Gilberto Ferrari, ha señalado que es necesario transferir estos costos a la tarifa porque, además, el Gobierno no puede capitalizar la empresa debido a que en 2011 quedó fuera del sector público no financiero.
Opciones del Estado
Para que se pueda suspender la aplicación del incremento de la tarifa a los clientes que consumen más de 301 kilovatios hora al mes, como lo han pedido la mayoría de los sectores productivos del país y los consumidores, el Estado tendría que asumir y aportar esta suma de dinero, que saldría del presupuesto estatal.
Esto se podría hacer a través de una medida fiscal que necesitaría la aprobación de la Asamblea, tal como lo dejó saber Varela, aunque no especificó cuál sería el mecanismo.
Asumir el incremento a nivel del Ejecutivo sería abultar el subsidio a la tarifa eléctrica, que se había reducido con la actual administración, eliminando el fondo de compensación energética (FACE), que cubría el incremento a todos, incluyendo la industria y las empresas.
Cuando estuvo vigente este fondo, en el gobierno de Ricardo Martinelli, el subsidio energético alcanzó más de $400 millones al año.
El presidente Varela reconoció que la ASEP hizo el incremento tarifario cumpliendo con la ley; y en caso de que el Gobierno lo asuma, tiene que ser mediante un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para evaluar si crea un espacio fiscal.