Arrastres y efectos de la pandemia

Año de Gobierno marcado por recesión y deudas

Año de Gobierno marcado por recesión y deudas
En la actualidad hay 263,000 contratos de trabajo suspendidos por la crisis, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Agustín Herrera

La pandemia del nuevo coronavirus ha marcado el devenir económico del primer año de la administración de Laurentino Cortizo.

Tanto en la campaña electoral como en el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, la administración Cortizo había hecho de la reactivación económica una de sus principales apuestas. Un año después de asumir el poder, el panorama es más desolador de lo que los analistas más pesimistas habrían vaticinado.

En el documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2024, incluido en el Plan Estratégico de Gobierno, se proyectaba para 2020 que el producto interno bruto (PIB) cerraría en $73,167 millones. La estimación contemplaba un crecimiento de la economía de 5.2%.

Pero con la pandemia, la economía se contraerá este año por primera vez desde 1988. En el balance fiscal correspondiente al primer trimestre de 2020, publicado a mediados de mayo, ya avanzada la crisis, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó una proyección para el PIB nominal de 2020 de $64,923 millones. Es decir, entre una y otra estimación habría una diferencia de $8,244 millones. Según las estimaciones del MEF y de varios organismos internacionales, la contracción de la economía de este año sería un 2%. No obstante, hay analistas que apuntan a una caída más profunda.

Para Olmedo Estrada, secretario general del Colegio de Economistas, la pandemia “cambió radicalmente todas las pretensiones y perspectivas que se habían hecho”, pero también comentó que en el primer trimestre del año con dos meses sin pandemia, el crecimiento fue de apenas 0.4%. Una de las bases para propiciar el crecimiento sería un manejo prudente de las finanzas públicas.

Tanto en la transición como en el inicio del Gobierno se cuestionó el manejo de las finanzas públicas por parte de las dos últimas administraciones, llegando a hablar de una década perdida.

El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático señaló ayer en un comunicado que solo en el sector de la construcción se acumularon deudas por más de $1,400 millones; se dejaron de pagar a bancos los intereses preferenciales, no se pagaron deudas a contratistas y a otros proveedores.

El MEF aprobó en 2019 un plan de contención del gasto para controlar el déficit fiscal, y se obtuvieron recursos, a través de la emisión de deuda, para cumplir pagos atrasados.

El déficit fiscal cerró 2019 en 3.1%. Uno de los objetivos del Gobierno era iniciar, a partir de este año, una senda de reducción del déficit. Pero la pandemia se vuelve a poner en el camino. La caída de los ingresos y el requerimiento de cubrir necesidades sanitarias y económicas elevarán el déficit para este año. De un 2.75% que estaba establecido como objetivo en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, se pasará, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a un 6.25%.

El Gobierno ha recurrido a emisiones de deuda y a préstamos con organismos internacionales para cubrir el faltante. Esta es una de las ventajas de Panamá respecto a otros países de la región, ya que el grado de inversión ha facilitado el acceso a los mercados en este primer año de Gobierno. En contrapartida, las métricas de deuda superarán los indicadores originales. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2024, para el cierre de 2020 se esperaba que la deuda del sector público llegaría hasta $32,084 millones, pero al cierre de mayo ya superó los $32,750 millones.

La paralización de la economía tiene un impacto en el desempleo. En agosto de 2019 la tasa era de 7.1%, pero algunas estimaciones no oficiales apuntan a un 20% producto de la pandemia. Según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hay 263 mil contratos suspendidos. La atención de esta parte importante de la población exigirá un esfuerzo para las finanzas públicas, añadido a los más de $1,651 millones en subsidios que concede el Gobierno anualmente a personas, hogares, empresas y seguro social, según recordó ayer el MEF.

Debido a la menor capacidad de gasto público, el Gobierno recurrirá a la figura de la Asociación Público Privada para ejecutar inversiones. Aunque la norma ya fue aprobada, está pendiente de reglamentación.

Si en julio de 2019 la reactivación de la economía centraba buena parte del discurso del Gobierno, en julio de 2020 el sector privado reclama plazos y planes específicos para reactivar un país prácticamente paralizado.

Un primer año accidentado que genera enormes desafíos

La forma en la que se prepara y ejecuta el presupuesto del Estado panameño impide que los primeros seis meses de cualquier gobierno sean medidos de manera justa porque es una herencia de la administración previa. Según la actual administración, recibieron las finanzas públicas casi a la par de la escandalosa quiebra fraudulenta del gigante Enron; a todas luces una mayúscula exageración pero que sirvió para apuntar hacia la meta de incrementar la calidad del gasto público y, claramente, se han quedado muy cortos en esa ejecución.

Para establecer credibilidad hay que generar confianza y el aumento de la deuda para revitalizar la economía a través del pago de cuentas atrasadas se percibió como una acción positiva y hasta necesaria. En materia de la impostergable aprobación de la norma que regula las Asociaciones Publico Privadas habría que reconocer un relevante avance ya que es un vehículo que consideramos esencial para la recuperación económica porque atraerá la necesaria inversión extranjera. La confianza, sin embargo, solo puede ratificarse si hay transparencia. Lejos de implementar los prometidos ajustes en austeridad o las modificaciones que generaran mayor recaudación fiscal y sin recuperación plena de esos primeros complicados meses fuimos golpeados de manera inesperada por una pandemia que está acabando con la vida como la conocíamos.

El gobierno ha recurrido a más deuda para cubrir gastos operativos pero no aterriza las medidas de recortes necesarios para que la deuda funcione ni ha presentado planes con acciones concretas. Se han implementado algunas soluciones humanitarias que no son suficientes para subsanar la grave brecha socioeconómica que deshace el tejido social todos los días mientras supuestas irregularidades apuntan hacia el flagelo que parece estar presente en nuestra cotidianidad como la misma Covid-19: la corrupción.

Termina un primer año accidentado y tropezado donde el desempleo seguirá en franco crecimiento borrando avances de los últimos 15 años en materia de erradicación de pobreza y con finanzas públicas débiles por una recaudación fiscal menoscabada por el cierre de la máquina productiva del país. Retos enormes en los próximos meses donde el balance salud, economía y paz social debe ser el norte del gobierno para eventualmente retomar el sendero del crecimiento.


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