El diputado independiente Gabriel Silva presentó ante el pleno legislativo un anteproyecto de ley que, de prosperar, cambiaría el alcance del subsidio que se otorga a la compra de viviendas y que ha marcado el desempeño del mercado inmobiliario en Panamá.
El pasado 3 de agosto, Silva presentó un anteproyecto de ley que plantea la ampliación del interés preferencial a las viviendas usadas, intentando expandir el beneficio que el Estado sólo ofrece a los propietarios de viviendas nuevas, con lo cual se ha dinamizado por más de 30 años la industria de la construcción.
Actualmente, la ley de interés preferencial establece un subsidio aplicado a la tasa de mercado, dirigido a propiedades nuevas hasta por un valor de $180 mil.
El beneficio lo recibe quien compra la vivienda nueva. El banco otorga a sus clientes préstamos con una tasa de interés reducida y el sacrificio es asumido por el Estado, a través del subsidio que valida la Dirección General de Ingresos (DGI).
Las entidades bancarias presentan toda la documentación de los préstamos desembolsados a la DGI para que emita una certificación de reconocimiento sobre el dinero que ha dejado de percibir el banco y que le será compensado.
Como el diferencial debe ser asumido por el Estado, lo que hacen los bancos es que acreditan el dinero al pago del impuesto sobre la renta, una vez presentar sus declaraciones fiscales.
En su exposición de motivos, Silva indicó que desde la década de 1980 Panamá ha tenido como política pública el apoyo para la compra de vivienda por medio de la Ley 3 de 20 de marzo de 1985 que creó un incentivo de interés preferencial para el préstamo hipotecario.
Dicha iniciativa y sus modificaciones contemplan que el Estado subsidie por un tiempo determinado parte de los intereses de préstamos hipotecarios cuando el valor de la propiedad es entre $40 mil y $180 mil, de acuerdo con la última modificación a la ley en 2019.
El diputado explica que esto se implementó con el objetivo principal de permitir que los ciudadanos compren vivienda propia a través de préstamos hipotecarios con tasas de interés accesibles al amortiguar los pagos mensuales.
Sin embargo, aunque la legislación se ha adaptado varias veces, atendiendo las realidades y costos de mercado, el enfoque ha permanecido exclusivamente en viviendas nuevas, con lo cual se han creado numerosas urbanizaciones de baja densidad que hicieron a la zona urbana crecer de manera insostenible.
“Debemos cambiar de perspectiva para evitar que los efectos negativos del crecimiento urbano insostenible y los costos de vida sigan aumentando a pesar de ir en declive la calidad de vida de los ciudadanos por querer ser dueños de su propio hogar”, dijo.
Silva habló con este diario sobre su visión respecto al anteproyecto de ley, explicando que aplicar el interés preferencial a las viviendas usadas generaría una sana competencia en el mercado y la posibilidad de adquirir una vivienda en áreas ya desarrolladas con financiamientos accesibles. Esto tendría un efecto multiplicador, al tener comunidades con mayor densidad de población y movimiento de personas con la venta de casas que nadie ocupada y que podrían entrar al mercado de compra y venta con igualdad de condiciones.
Cuando se refiere a igualdad de condiciones especifica que esto abarca al comprador, que obtendría el financiamiento bancario con el subsidio, pero también del vendedor que tendría la oportunidad de participar en un mercado con las condiciones que han beneficiado el desempeño de las constructoras.
Barrios como Betania, La Cresta, Albrook o El Dorado podrían ser parte de esta dinámica.
Por otro lado, hay un costo-beneficio para el Estado, que no tendría que seguir invirtiendo en infraestructura y servicios básicos cada vez mas alejado de la ciudad, cuando ya existen viviendas de segunda que pueden ser una opción de primera hipoteca para muchas familias.
