El aumento del gasto y la caída de los ingresos provocó el incremento del déficit fiscal al cierre de 2019.
El balance fiscal refleja déficit cuando los gastos superan a los ingreso del gobierno.
El año pasado, el déficit fue de $2,100 millones, cifra que equivale al 3.1% del producto interno bruto (PIB).
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal estipulaba para este año un límite de 2%, pero la Asamblea aprobó una modificación a la ley para elevarlo a 3.5% o $2,340 millones. Con ese nuevo límite, el déficit de 3.1% cumple los lineamientos de la ley.
En 2019, el déficit fue de $827.1 millones o 64.9% superior al ejercicio anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los ingresos totales del sector público no financiero llegaron a $12,285 millones, es decir, $582 millones o 4.5% menos que en 2018. Por su parte, los gastos totales sumaron $14,386 millones, aumentando $244 millones o 1.7% respecto al 2018.
Dentro de la composición del gasto, los desembolsos efectuados por el Gobierno para cubrir las operaciones del aparato estatal llegaron a $10,820.2 millones, un 7.3% más que el año anterior. Mientras tanto, el gasto de capital totalizó $3,566 millones, un 12.2% o $493.9 millones menos que durante 2018.
La diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes generó un ahorro de $1,472 millones, cifra que representa un descenso de $1,303 millones respecto al año anterior.
En sus intervenciones públicas, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha advertido de la importancia de generar mayores niveles de ahorro para costear las inversiones y reducir la exposición a la deuda.
Las necesidades de financiamiento del Ejecutivo están marcadas por el déficit del Gobierno Central, que el año pasado fue de $2,504 millones o 3.75% respecto al PIB.
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló en un comunicado que como parte de la estrategia financiera del Gobierno se efectuaron “ajustes al presupuesto de la Nación para hacerlo viable y mejorar la capacidad de ahorro del sector público. Igualmente, incluyó priorizar el gasto público para aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos, apoyar con presupuesto las diferentes regiones del país, el ordenamiento y cancelación de las obligaciones por pagar y una política anticíclica para impactar favorablemente a la economía”.
