Uno de los factores que está marcando la configuración de los presupuestos generales del Estado en los últimos años es la creciente inflexibilidad del gasto.
Esto se produce porque hay una serie de compromisos adquiridos en el tiempo que van acumulándose, y a los que hay que destinar fondos de manera obligatoria, reduciendo el espacio para otro tipo de desembolsos. Sucede así, por ejemplo, con el gasto generado por los intereses de la deuda, que han crecido sustancialmente en los últimos años, de la mano de la mayor contratación de deuda, especialmente desde que inició la pandemia.
En el presupuesto de 2022 hay previstos $2,057 millones para pagar intereses, cifra que supera los $1,834 millones contemplados en el presupuesto de 2021.
Otro componente que incide en la inflexibilidad del presupuesto es el gasto en planilla y, dentro de este componente, los aumentos contemplados en leyes especiales para determinados grupos de funcionarios.
Según las cifras compartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solamente en el presupuesto de 2022 se contemplan aumentos por $200 millones, cifra que se acumula a los aumentos ya concedidos en los años recientes.
El MEF señaló que en 2020 se concretaron ajustes por $504 millones, mientras que en este 2021 los aumentos por leyes especiales suman $202 millones. Es un efecto escalera, explicaba el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, de manera que cada aumento se va sumando al anterior cuando se analiza desde el punto de vista de la elaboración del presupuesto.
Así, en las tres vigencias de 2020, 2021 y 2022, los aumentos acumulados por leyes especiales totalizarán $906 millones.
Por instituciones, las mayores asignaciones en este sentido habrán sido para trabajadores del Ministerio de Educación (Meduca), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Seguridad (Minseg).
“Las leyes especiales van a seguir poniendo una gran presión a las finanzas públicas. El tema de las leyes especiales es que no importa cómo está la situación financiera, hay que hacerles frente”, dijo Alexander cuando sustentó las cuentas para el próximo año en la Asamblea Nacional.
La pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno provocaron una debacle en la actividad económica que se tradujo en una crisis fiscal.
Solamente entre 2020 y 2021, la crisis económica ha dejado una merma en los ingresos corrientes del gobierno central de $4,272 millones respecto a lo que se había considerado en un entorno sin pandemia.
Mientras, los niveles de gasto aumentaron, provocando un repunte sustancial del déficit fiscal y de la deuda pública, un deterioro que no ha pasado inadvertido para las agencias de calificación de riesgo, que han rebajado la nota de riesgo soberano del país.
En esta coyuntura histórica, algunas voces reclaman, al menos, el congelamiento de los aumentos previstos en las leyes especiales.
El exviceministro de Economía Domingo Latorraca dijo que “para la vigencia 2022, y durante la extensión de la pandemia y sus efectos adversos en la economía y las finanzas públicas, la propia ley de presupuesto debería incluir la suspensión de estos aumentos, para que los recursos bien se ahorren o se destinen a dar asistencia económica directa a aquellas personas que han perdido su trabajo o que se encuentran en un estado de vulnerabilidad debido a la pandemia”.
El economista Felipe Chapman hizo una radiografía del impacto de la crisis en la economía: una caída del producto interno bruto (PIB) en 2020 cercana al 18%; una tasa de desempleo de 18.5%; una baja en el número de ocupados de cerca de 289,000 personas; un sector informal que sobrepasa el 50% de los ocupados; un déficit fiscal que el año pasado llegó a 10.1% del PIB y este año se proyecta cercano al 7%, “entre los más elevados en lo que va de siglo”; un nivel de endeudamiento que aumentó “de forma exponencial” para pasar de un 46% en 2019 a casi 70% en 2020 en la relación entre la deuda y el PIB; unos ingresos corrientes que mejoran en este 2021, pero aún no recuperan los niveles previos a la pandemia, y un índice de precios al consumidor que en 2020 estuvo en terreno negativo, principalmente por la caída del precio de los combustibles.
Con este entorno macroeconómico y fiscal, que refleja el enorme impacto de ese huracán llamado Covid-19 en la economía, para Chapman “no hace sentido y suena incongruente” hacer aumentos en ningún segmento de la economía. “No he escuchado de aumentos en el sector privado y no tiene sentido que se hagan en el público, mucho menos que sean automáticos y que no estén vinculados a rendimiento, productividad y resultados”, sostuvo.
Para el economista, siendo solidarios con el resto del país, los aumentos automáticos se deberían suspender hasta que hayan mejorado los indicadores económicos y fiscales, puntualizó.
Por su parte, el abogado laboralista Rubén Castillo señaló que se debe construir un Estado austero, no solo en el marco de la pandemia, sino de manera permanente, en el que cualquier gasto innecesario se debe eliminar.
Castillo, que defendió también la suspensión temporal de los aumentos, dijo que habría que hacer un análisis de las leyes especiales y si hay que hacer cambios, tener la voluntad política para hacerlos, algo que, dijo, parece no existir. Apuntó que en lugar de mantener un concepto de islas en el que cada sector se asegura una ley que le favorece, se deberían analizar en el contexto del país.
La última acción de la calificadora S&P Global Ratings, del pasado 4 de agosto, cambió la perspectiva de la nota de riesgo del país de estable a negativa.
Antes, Fitch había rebajado la calificación soberana a BBB- con perspectiva negativa, lo que quiere decir que está a un solo escalón de caer a grado especulativo.
Las acciones de las agencias han sido una consecuencia directa del fuerte deterioro de la economía y de las finanzas públicas en el último año.
Castillo dijo que si el país pierde el grado de inversión será más difícil atraer capitales, algo fundamental para salir de la situación económica actual. “Tenemos que ser racionales con el gasto. No digo que no se gaste, sino que se conduzca a inversiones que generen empleo y valor agregado a la economía”, planteó.
