La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) dio un espaldarazo a la petición que desde hace meses vienen realizando los diferentes gremios turísticos ante la crisis que vive este sector debido a la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19).
Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap, indicó que el turismo debe ser considerado por las autoridades al momento de tomar decisiones y no quedar relegado en un segundo plano.
Hoteleros y operadores de turismo han criticado la “improvisación y falta de consenso” en las decisiones que afectan al sector como el cierre de las playas durante las fiestas de Navidad y fin de año, medida que dejó pérdidas por más de $14 millones a la industria sin chimenea.
“El cierre de parques nacionales, senderos y playas, los fines de semana, se contradice con lo indicado por los expertos, quienes indican que el riesgo de contagio al aire libre es muy bajo, y que estas áreas son lugares idóneos para desarrollar el sano esparcimiento, tan recomendado para la salud mental del ser humano”, señala Leignadier.
Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá ha señalado que el sector privado puede aportar su experiencia para que las autoridades tomen las mejores decisiones que permitan al sector iniciar un proceso de recuperación.
Los gremios turísticos han pedido que se facilite la circulación de los visitantes hacia el interior del país, en especial, a los hoteles de playa ubicados en el Pacífico panameño. Actualmente, las autoridades de salud mantienen cercos sanitarios que impiden la libre movilización hacia esa zona.
Enrique Pesántez, operador de turismo receptivo, dijo que el sector tiene más de 10 meses sin generar ganancias, pero al mismo tiempo tiene que hacerle frente a gastos fijos.
Para la Cciap, Panamá debe seguir el camino de Costa Rica y República Dominicana que “han posicionado sus atractivos tradicionales adaptados a la nueva realidad mundial”. Además de hacerle frente a las restricciones de movilidad, la industria del turismo viene solicitando un plan financiero que le permita al sector confrontar una deuda que supera los $800 millones.