Decenas de obreros levantan un emporio industrial en “ciudad modelo Morazán”, uno de al menos tres territorios de Honduras autorizados a funcionar con leyes y hasta policía propias. Estados dentro de otro estado, rechazados por la ciudadanía.
Se trata de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para el gobierno, son espacios que atraen inversiones extranjeras y generan empleo en un país con un 70% de su población en pobreza.
Para la sociedad civil, constituyen demarcaciones que podrían servir de refugio a prófugos de la justicia, evadiendo leyes nacionales.
“La tierra se quiere dividir, se quieren crear estados dentro del propio Estado de Honduras, para crear nuevas leyes, nuevos procesos, nuevas instituciones”, consideró la directora ejecutiva del independiente Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Según ella, “no solamente los narcotraficantes sino que los corruptos” quedarán “protegidos” en estos territorios dentro de Honduras.
El CNA, que agrupa a gran parte de la sociedad civil, presentó recientemente una iniciativa ciudadana ante el Congreso para derogar la ley de 2013 que creó las ZEDE.
Las ZEDE son impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández y concebidas como “zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional”.
Serán lideradas por un secretario técnico, hondureño. Deberán crear sus “órganos de seguridad interna (...), incluyendo su propia policía”, según la ley.
También tendrán “tribunales autónomos” y podrán “recaudar sus propios tributos.” Aunque prevalece sobre ella la Constitución Política, “en lo que sea aplicable”.
Pueden invertir en ellas nacionales y extranjeros.
