Desde el pasado 15 de marzo la Asamblea Nacional envió al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley 508 en busca de su sanción, luego de que este fue aprobado en tercer debate por el pleno legislativo.
Ante los ojos de los padres de familia y acudientes, el proyecto establece un punto que parece favorecedor para la golpeada economía de todos los hogares.
Entre los trabajadores, enfrentados a la suspensión de contratos o la reducción de jornada laboral - que en síntesis implica una merma en los ingresos mensuales- el proyecto caló de forma rápida y positiva, al establecer una rebaja obligatoria en la matrícula y anualidades de universidades y colegios particulares.
En los grupos de whatsapp escolares la noticia de la aprobación fue compartida como un logro para el bolsillo.
Los diputados terminaron aprobando rebajas de 25% para centros de enseñanza con anualidad de $1,500 a $4 mil. Descuentos de 20% para los que tiene anualidad de entre $801 y $1,499; y reducciones de 10% para los que tienen una anualidad de hasta $800.
Pero los administradores de colegios particulares, economistas y financistas han estado alertando del efecto que tendrá esta y otras disposiciones del proyecto, debido a la intervención estatal en la educación privada a una escala inimaginable. Para empezar, imagine que usted es propietario o trabaja para una mediana empresa, que después de estar varios meses cerrada (tal como sucedió con algunos colegios el año pasado), debe enfrentar una alta morosidad y ofrecer arreglos de pago, pero le obligan a pactar descuentos en el servicio que brinda.
Esta es parte de la preocupación que plantea Katia Echeverría, de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, quien advierte que ya los colegios están ofreciendo descuentos, pero no pueden hacerlo a los niveles que se les pretende exigir, porque han perdido matrícula, al tiempo que deben hacerle frente a los pagos por las inversiones tecnológicas y de capacitación que tuvieron que encarar de un día para otro a raíz de la pandemia y el prolongado confinamiento al que ha estado sometido el país.
Echeverría recuerda que los colegios no son grandes empresas o multinacionales que generan exorbitantes ganancias para sus accionistas. En la mayoría de los casos, dice, se trata de emprendimientos modestos que poco a poco han ido creciendo, de la mano de profesionales y educadores que han atendido lo que le corresponde al sistema público.
El 75% de los gastos que enfrenta una escuela particular está asociado a los salarios. Y no habría forma de pagarle a todos los profesores que se necesitan, previendo un regreso paulatino a las clases presenciales, el cual exigirá tratar a los grupos de una forma mucho más segmentada y con estrictas medidas de bioseguridad.
Para darle un contexto a estas declaraciones, de 750 colegios solo 120 pudieron dar el año escolar completo en 2020.
Los que no pudieron estar preparados de forma inmediata para brindar las clases virtuales, tal como lo exigía el Ministerio de Educación, no tuvieron forma de cobrar la totalidad de la anualidad. Y sus gastos, proyectados a cumplir con ingresos de 10 meses se enfrentaron con ingresos de 6 meses.
Por otro lado, en 2020 las escuelas aprobaron descuentos que llegaban en algunos casos al 35% de la mensualidad, pero previendo una fórmula en la que todos los padres cumplieran con los respectivos pagos.
Sin embargo, dada la crisis económica en la que se vio sumergido el país, ante el prolongado confinamiento establecido por el Gobierno, muchos acudientes fueron incumpliendo con la promesa de pago y la morosidad se fue acumulando.
Las cifras oficiales indican que el sistema público acogió a 10,000 estudiantes que venían del sector privado. Echeverría calcula que habrían sido finalmente 15 mil estudiantes que migraron a las escuelas públicas.
Esto ejerce una fuerte presión en algunos colegios públicos, generando un caos que se sentirá con toda su fuerza cuando se reanude el sistema presencial.
En el Instituto Rubiano, por ejemplo, hay grupos de consejería que atienden de 200 a 400 estudiantes, de acuerdo con declaraciones que han dado profesores del sistema oficial.
Echeverría da cuenta de que ya cerraron 10 colegios y que el proyecto 508 lo único que hará es perpetrar el cierre de más escuelas.
Los diputados deberían preguntarse qué hará el país cuando esto suceda.
El sistema particular atiende a más de 160,000 estudiantes que representan $386 millones al año de ahorro al Estado, de acuerdo con los cálculos que se han hecho respecto al gasto que implica atenderlos, sin tomar en cuenta los costos de la infraestructura que proveen los colegios particulares y los últimos incrementos salariales a los docentes del sector oficial y la necesidad de hacer equiparaciones para retener el talento.
El economista Felipe Chapman ha expresado en sus redes sociales las consecuencias del proyecto 508. “¿Realmente queremos ayudar a los afectados por la pandemia? Sin duda, muchísima gente lo está haciendo. Sin embargo, nuestra Asamblea Nacional no está de acuerdo. No hay interés en analizar y estudiar los problemas a fondo, mucho menos tomar en cuenta opiniones técnicas”, dijo en Instagram.
El proyecto, advierte, se trata de “otro paso hacia la estatización de la economía, que busca la eliminación de empresas, la propiedad privada y libertades individuales. El Estado terminará teniendo poder de decisión sobre todos nuestros actos, como ocurre en regímenes totalitarios, totalmente planificados”.
El proyecto de ley, presentado por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, también prohíbe los despidos de los centros educativos particulares, en este año lectivo, una camisa de fuerza para planteles que llevan un año guerreando con la crisis.
Además, prohíbe las “donaciones” como requisito de ingreso para cualquier estudiante, algo de lo que ya se habían quejado asociaciones de padres de familia.
Ávila insiste en la necesidad de la ley, atendiendo lo que dicta la Constitución, que permite la intervención del Estado en los centros particulares para que cumpla con los fines nacionales y sociales de la cultura.
Echeverría, por su lado, advierte que es una pésima interpretación de lo que dicta la Constitución, ya que lo que están haciendo es violentando la seguridad jurídica de las escuelas y propiciando el cierre de más centros educativos, en especial, los más pequeños.
Asociaciones de padres de familia de distintos colegios privados siguen reclamando que al menos se les aplique el mismo descuento que se ofreció el año pasado, porque aunque tengan su presupuesto drenado, reconocen que el sistema público sería su última opción, debido a la pobre calidad, demostrada en las pruebas de medición internacional.
En el mundo, los cierres de escuelas por las medidas ante la Covid-19 afectaron a más del 90% de la población estudiantil a nivel global.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca de 1,600 millones de estudiantes se vieron perjudicados en algún momento por las medidas adoptadas tras la pandemia. De allí que hicieron un llamado para que se aprovechara el momento para pensar más allá de la pandemia y trabajar para construir sistemas educativos robustos, de manera que se pueda responder de forma eficaz a otras crisis similares. ¿Qué está haciendo Panamá?