Las negociaciones entre Panamá y Costa Rica para encontrar una solución a sus diferencias comerciales, profundizadas por la inhabilitación de plantas alimenticias, entraron a un terreno pantanoso.
Panamá se reafirma en defender su estatus sanitario y no aceptar productos que vengan de Costa Rica, mientras no se pueda visitar y certificar sus plantas. Los vecinos centroamericanos alegan que se trata de un bloqueo a sus exportaciones.
Las autoridades sanitarias y de agricultura de ambos países acordaron el pasado miércoles, mediante una reunión virtual que duró seis horas, intercambiar información para lograr la habilitación de 26 plantas costarricenses y 8 plantas panameñas.
En Panamá, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Departamento de Protección de Alimentos (Depa) del Ministerio de Salud recopilaron la información requerida por las autoridades costarricenses.
Pero Costa Rica, en vez de enviar la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de las 26 plantas procesadoras de alimentos, prefirió denunciar a Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta denuncia se formalizó un día después de la reunión virtual entre la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) y representantes del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
Industria láctea
40% de los productos lácteos que entran a Panamá proviene de Costa Rica, en su mayoría leche fluida, evaporada y deslactosada.
300 millones de litro de leche se consumen en Panamá por año (entre leche fluida y productos lácteos).
8 empresas concentran la producción panameña de lácteos. Esta actividad registra un incremento de 3.4 millones de litros al cierre del primer semestre de 2020.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, y la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, expresaron en un comunicado que el bloqueo se constituye “en un problema comercial serio entre ambos países”.
“Se le ha requerido a Panamá cumplir con las disposiciones del artículo 13 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios que establece la obligación de permitir el comercio cuando la renovación de la habilitación del establecimiento se haya requerido con 90 días antes de su vencimiento”, detalló Jiménez Figueres, quien presentó su renuncia al cargo el pasado viernes 7 de agosto.
Raúl Saucedo, administrador de la Aupsa, manifestó que desde 2014 Panamá venía renovando los permisos de las plantas costarricenses y de otros países sin la inspección requerida por la legislación panameña, “pero esto no quiere decir que era lo correcto; por el contrario, se estaba poniendo en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario del país”.
“La normativa panameña establece que cada dos años se debe revisar el estatus sanitario de las plantas habilitadas para poder ingresar productos al país, y esto no se estaba cumpliendo porque solo se otorgaban extensiones. La última vez que se inspeccionó una planta en Costa Rica fue en 2014”, reiteró.
Según el funcionario, el viernes 7 de agosto se envió al Senasa, en Costa Rica, toda la información requerida para la aprobación de 8 plantas procesadoras de alimentos, en su mayorías de cárnicos, embutidos y lácteos panameños que se pueden vender en Costa Rica. Sin embargo, ellos (Senasa) todavía no han enviado la solicitud de cada una de sus plantas.
Este es un proceso que se debe hacer de forma individual porque cada una tiene sus especificaciones de acuerdo al tipo de alimento producido y así se lo hicimos saber a las autoridades costarricenses en la reunión virtual, dijo Saucedo.
“Nosotros no estamos bloqueando las exportaciones costarricenses, son requisitos sanitarios que dicta la legislación panameña y se deben cumplir”, enfatizó el administrador de la Aupsa.
Costa Rica exige que se le renueve el permiso para que sus productos ingresen a Panamá. Se trata de 11 plantas procesadoras de leche y derivados lácteos, 4 de procesamiento de carne de ganado bovino, 4 dedicadas a la producción de carne de cerdo, 6 de embutidos y 1 de alimentos para peces que desde el pasado 1 de julio no pueden comercializar sus marcas en Panamá.
Entre las 11 plantas inhabilitadas de productos lácteos, tres pertenecen a la Cooperativa de Productos de Leche Dos Pinos, que comercializan en Panamá las marcas Nevada y Dos Pinos, provenientes de Costa Rica. Además, esta empresa está a cargo de la leche La Chiricana, elaborada en Panamá con materia prima local.
En tanto, la planta de la empresa BioMar Aqua, dedicada a la producción de alimentos para peces, abastece en Panamá a la compañía Open Blue, dedicada al cultivo de cobia en granjas marinas en la costa arriba de Colón.
El respaldo de empresarios y productores
Este nuevo capítulo sobre las diferencias comerciales entre los dos países ha generado en Panamá el respaldo de los gremios productivos y empresarial locales.
Por años, la balanza comercial entre Panamá y Costa Rica ha sido desfavorable para el Istmo.
Al cierre de 2019 Panamá envió al país centroamericano mercancía por un valor de 37.7 millones de dólares, mientras que recibió productos por 471.9 millones de dólares de ese país, de los cuales 193.4 millones corresponden a productos agrícolas, según cifras de la Contraloría General de la República.
Este desbalance los lleva a exigir al Gobierno renegociar el tratado de libre comercio con Costa Rica y respaldan la decisión de la Aupsa.
Gerardo González, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), manifestó que la seguridad sanitaria y la salvaguarda del patrimonio agropecuario nacional solo se garantiza a través del cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias, siguiendo celosamente lo protocolos y estándares establecidos para la evaluación de las condiciones sanitarias en la que operan estas plantas.
“La Anagan ha venido solicitando por años que nuestras autoridades sanitarias apliquen, correctamente, las normas con que cuenta nuestro país, ya que éstas son nuestra única defensa para la entrada desmedida de productos que se venía haciendo”, dijo.
Según datos de la Anagan, las 26 plantas del vecino país representan un comercio anual a favor de Costa Rica de 39.7 millones de dólares, de los cuales 14 millones de dólares corresponden a la venta de leche fluida UHT (Ultrapasteurizada), 19.5 millones de dólares a derivados lácteos (quesos, yogurt, helado, leche en polvo y nata), 3.9 millones de dólares a alimentos para peces y 1.7 millones de dólares a carne porcina, bovina y embutidos.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), asegura que por más de 10 años se registra un evidente desbalance comercial a favor de Costa Rica y “urge” revisar el acuerdo comercial con el vecino país.
De esta forma Panamá podrá realizar nuevas acciones que marquen la ruta certera para el desarrollo sostenible del sector agrícola y para lograr la expansión comercial a nivel de la región, profundiza el gremio empresarial.
