La Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte que los efectos de la pandemia están generando un “impacto grave”, en más de 476 millones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo.
Este sector de la población, dice la OIT, es tres veces más proclive a vivir en situaciones de pobreza extrema; a tener una situación de desventaja en el mercado laboral y un limitado acceso a los servicios de salud, agua y saneamiento.
Además, el 86% de la población indígena trabaja en la economía informal, enfrentándose a condiciones de trabajo deficientes: salarios bajos y ausencia de protección social. La situación es aún peor para las mujeres indígenas.
En Panamá, de acuerdo con datos oficiales, en las áreas indígenas viven más de 500 mil personas y la gran mayoría (entre 80% y 98%) está en condición de pobreza.
La reducción de la demanda, el confinamiento y la paralización de actividades en muchos países del mundo, incluyendo a Panamá, ha hecho que una gran parte de las personas indígenas que viven y trabajan en centros urbanos, están regresando a sus comunidades en las zonas rurales, porque han perdido sus empleos.
En el país, por ejemplo, parte de la población guna que vive en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que han perdido sus fuentes de ingresos, está solicitando al Congreso General Guna que le permita volver a la comarca, debido a que actualmente hay un cerco sanitario en esa región.
Se trata de al menos unas cinco mil personas que lo perdieron todo en la ciudad de Panamá con la crisis económica y buscan volver al archipiélago en el Caribe.
Para evitar que la pandemia respiratoria se propague hacia las comunidades indígenas y dentro de ellas, así como para garantizar la protección y el apoyo a las mismas, varios países como Panamá han adoptado medidas específicas, entre ellas; la restricción del acceso a los territorios indígenas; la prestación de servicios de salud, ayuda alimentaria y apoyo económico.
Sin embargo, para la OIT estas disposiciones no son suficientes. Dice que las medidas para asegurar una respuesta a la Covid-19 y una recuperación que respondan a las necesidades de los pueblos indígenas deben estar enmarcadas en promover su acceso al trabajo decente y a la protección social. La promoción de empleos verdes que contribuyan a la resiliencia, así como de empresas y medios de vida sostenibles.
“Las medidas deben empezar a aplicarse ya, y continuar aplicándose de manera sostenida, con el diálogo social como herramienta indispensable para promover soluciones”, sostiene la OIT en su informe titulado: La Covid-19 y el mundo del trabajo: un enfoque en los pueblos indígenas y tribales.
Puntualiza que es necesario apoyar a las pequeñas empresas y cooperativas de pueblos indígenas, centrándose en las comunidades locales y rurales y facilitando las transiciones a la formalidad y el acceso a los mercados.
Otra medida es promover el empoderamiento de las mujeres indígenas, en particular mediante el acceso al empleo, el apoyo a la iniciativa empresarial y el acceso a la tierra y el crédito.
La OIT también propone impulsar el empleo de los jóvenes indígenas, centrándose en la formación profesional y los empleos verdes. Promover los pagos por los servicios ambientales como herramienta de política para abordar objetivos sociales y ambientales, así como elaborar sistemas de protección social inclusivos, en particular pisos de protección social, que garanticen al menos un acceso efectivo a la atención de la salud.