La crisis provocada por el nuevo coronavirus ha sacado a la luz alguna de las fortalezas y debilidades de Panamá. En materia económica, el país mostró músculo en los mercados financieros al ser el primer país de la región en salir a los mercados de capitales a captar fondos y hacerlo en buenas condiciones, haciendo gala del grado de inversión.

Por el contrario, la crisis ha puesto en evidencia la limitada capacidad del sistema de salud, las dificultades para brindar una educación de calidad y los estragos económicos que se derivan de una elevada tasa de informalidad.

La crisis cambiará ciertos paradigmas del plan estratégico que había diseñado el Gobierno para este quinquenio y según algunos analistas, debería ser el punto de partida para acometer algunas reformas estructurales que se necesitan desde hace años.

En la jornada de ayer de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE- 2020, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, puso de manifiesto cómo la pandemia está impactando indicadores económicos y moldeando la estrategia financiera del Gobierno.

Mencionó que la producción del país caería a niveles de hace dos o tres años.

Sobre la magnitud de la caída hay varias estimaciones y el resultado final dependerá de cuánto tiempo se prolongue la paralización de la economía.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó en su última proyección que el producto interno bruto (PIB) del país se contraería un 6.5% este año.

Ayer, el economista Marco Fernández señaló que si la economía se contrae un 6%, “que parece ser un número cercano a lo que va a suceder”, y se produce una caída de precios de 1%, se perderían $4,676 millones en el PIB.

Para volver al nivel de ingreso per cápita de 2019 tendrían que pasar tres años si la recuperación es rápida y cuatro años si la recuperación es lenta, sostuvo Fernández.

La caída de la economía tiene un impacto en la generación de ingresos del Gobierno, que según Alexander podrían caer a niveles de hace siete u ocho años.

Solo en la primera mitad del año, los ingresos corrientes del Gobierno Central sufrieron una merma de $1,154 millones o 34%, al compararse con el mismo periodo del año anterior.

Si solamente se observa el último mes completado, el de junio, la caída respecto a su similar del año previo fue de 63.5%.

Alexander adelantó que para la segunda mitad del año esperan que se mantenga esta tendencia. “Todos los meses vamos a tener recaudaciones muy por debajo de las estimaciones que se habían hecho. Esto se hará sentir en 2021 y más adelante”, apuntó.

Para compensar esa falta de ingresos, el Ejecutivo se ha trazado una estrategia para captar fondos del extranjero, que se han traducido en mayores niveles de deuda pública.

Al cierre de junio, la deuda superó los $33,044 millones, es decir, $6,432 millones más que un año antes, cuando la administración de Laurentino Cortizo asumió el poder.

Además del impacto de la pandemia, el ministro recordó que la política fiscal ya estaba limitada porque en los 10 años anteriores se había elevado el gasto y reducido los niveles de ahorro.

En este nuevo panorama, el gasto público no tendrá un rol con tanto protagonismo en el crecimiento de la economía como lo tuvo en el pasado, sostuvo Alexander.

Por eso, en términos de inversión en infraestructuras, una de las apuestas del Gobierno son las asociaciones público privadas, esquema a través del cual la empresa privada ejecuta y explota proyectos de interés público.

Reformas necesarias

En este escenario, “es clara la importancia que tiene el fortalecimiento del clima de inversión que impulse la generación de empleo por parte del sector privado”, dijo.

Y para conseguirlo, el Gobierno tiene tareas pendientes. Por ejemplo, “cambios en la estructura del gasto público, resaltando inversiones en capital humano”; así como reducir los costos de trámites tiempo y pasos en los procesos para importar y exportar, “ya que estamos compitiendo globalmente”, dijo el ministro.

Con el objetivo de mejorar la percepción exterior y atraer inversión extranjera, se pretende salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera.

En el ámbito local, recordó la importancia de atender “a la brevedad posible” la situación financiera de la Caja de Seguro Social, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación.

En ese sentido, el exministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, señaló que el crecimiento de Panamá en las últimas tres décadas ha llevado al país a tener el PIB per cápita más elevado de América Latina, pero “tenemos una de las peores distribuciones de riqueza” y “los servicios sociales son pobres y no se corresponden con el nivel de ingreso del país”.

El economista abogó por una reforma del Estado, que contemple la creación de un verdadero servicio civil de carácter permanente, una reforma fiscal cónsona con los planes de reforma social y que simplifique el pago de impuestos, así como garantizar la transparencia.

En la parte social, promueve diseñar políticas de Estado para la salud y la educación que trasciendan más allá de un periodo presidencial, con metas específicas y que las inversiones sean en función de esas políticas, bajo la visión de un ente de planificación.

En materia laboral, abogó por una reforma del Código de Trabajo. “Hay una serie de temas rígidos en la ley que deben ser objeto de negociación entre trabajadores y los empleadores”, entre los que mencionó los recargos por jornadas extraordinarias, las suspensiones temporales de empleo, la programación de los días de descanso y la promoción de la productividad.

Además, implementaría una política de inmigración que promueva la llegada de personal calificado. “Yo eliminaría el requisito de ser nacional para poder ejercer una profesión”, apuntó.

Chapman también abogó por promover reformas sectoriales en áreas que pueden ser motores de crecimiento. Uno de ellos sería el sector agropecuario, para el que propone apoyo tecnológico y de insumos para los pequeños agricultores y fomentar la tecnología para una agricultura enfocada a la exportación.

A su juicio, el modelo de Panamá debe ser el de “una economía de mercado, transparente, con muy baja corrupción, justicia equitativa, ingreso bien distribuido y excelentes indicadores sociales”, ya que “un estado de bienestar o de economía social de mercado no solo es más humano, sino que tiene mayor capacidad de responder a una crisis como la que estamos viviendo”.

Transformación integral a mediano plazo; en el corto, reactivación de las empresas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean-Pierre Leignadier apuntó ayer que como resultado de la crisis, “a mediano plazo habrá cambios significativos y como país vamos a requerir de una transformación integral en el tema laboral, económico, social, de justicia e institucional, que lo venimos pidiendo desde hace tiempo”.

En el nuevo escenario que se presenta luego de la pandemia, “como país vamos a estar compitiendo con el resto de países por atraer inversión extranjera directa y turistas”, entre otros.

En el corto plazo, no obstante, el foco principal del gremio está centrado en las medidas que permitan reactivar las empresas y conservar empleos.

En este sentido, recordó que la Cámara presentó una serie de propuestas para la reactivación, que tienen que ver con el ámbito laboral para permitir que las empresas se puedan ir recuperando poco a poco y llamando a sus empleados con jornadas reducidas; medidas de alivio fiscal para las empresas; así como el apoyo al sistema bancario para dinamizar el crédito y propiciar la estabilidad del sistema.

Además de tomar medidas económicas, para el empresario es clave reducir la presión sobre el sistema de salud, algo que se podría conseguir actuando en dos vías: habilitando más espacios de atención y reforzando la prevención para que menos casos positivos lleguen a los hospitales.