La “falta de conectividad” de programas como el SIPE (Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas) y Safiro (Sistema de Administración Financiero) ha provocado, en gran medida, la crisis administrativa y la falta de respuesta oportuna ante la frágil situación financiera en la que se encuentra la Caja de Seguro Social (CSS).
Al rezago tecnológico se le atribuye no tener corridas actuariales actualizadas para saber hasta cuándo seguirán con vida las reservas del subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez,Vejez y Muerte (IVM).
Mientras, la carencia de un sistema de información gerencial afecta la logística de compra y la distribución de medicamentos, la asignación de citas médicas con especialistas, el manejo eficiente del inventario, el uso óptimo de quirófanos y la gestión de camas para los enfermos.
El director de la entidad, Enrique Lau Cortés, reconoció que enfrentan la tormenta perfecta ante tantas carencias e irregularidades.
Debido a un mal control del inventario, hay pérdidas de medicamentos e insumos vencidos o dañados.
Las autoridades de la CSS calculan que en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid se han reportado $2 millones en pérdidas por insumos médicos vencidos o dañados en el salón de operaciones, más otros $6 millones botados a la basura debido a la pérdida de medicamentos en los almacenes.
Todo esto ocurrió cuando se habían hecho inversiones que prometían mayores y mejores controles.
Lau Cortés advierte que en la última década se destinaron $176 millones a sistemas de computación que no se comunican entre sí o no se utilizan de forma eficiente.
Esto ocurre porque las unidades responsables de estos programas tecnológicos no llevan el control de sus contratos de servicios y se administran en base a crisis y no según procesos de planificación.
Según Lau Cortés, han empezado a “exigir” a los directores ejecutivos de la CSS que mantengan el control de los contratos para convocar licitaciones o hacer renovaciones de forma oportuna.
Como consecuencia de las ineficiencias, no fue hasta la última semana de diciembre de 2019 que se pudo obtener el estado financiero no auditado de 2018.
Mientras que en enero de 2020 apenas inician la conciliación de ingresos y gastos de 2019.
Las molestias
Este escenario ha generado malestar entre el sector empresarial y los asegurados cuando se acercan a la entidad para llevar a cabo un trámite que implica el uso de los sistemas tecnológicos.
Organizaciones como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, así como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa han planteado en los últimos años su incomodidad en torno a los inconvenientes causados por la implementación de los programas con los que se pretendían agilizar los trámites.
Tal fue el caso del SIPE, programa al que se destinaron $15 millones, y el sistema Safiro, en el que se invirtieron otros $14 millones.
Ambos fueron puestos en marcha con el objetivo de agilizar procesos.
No obstante, hay severos inconvenientes en el registro de pagos en la cuota obrero-patronal, el reporte de planillas y otras prestaciones económicas de los contribuyentes.
También hay inconvenientes en el pago a los proveedores por servicios que ya fueron prestados a la entidad y que muestran significativos atrasos en procesos que deberían ser rutinarios.
La CSS también apuesta por adecuar su plataforma tecnológica con el objetivo de precisar el monto de la morosidad en la cuota obrero-patronal.
