El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, cuestionó ayer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar de $1 millón a $5 millones las sanciones máximas contempladas en distintas leyes que conforman el marco de prevención de blanqueo de capitales, según contempla el proyecto de ley 624, presentado a la Asamblea por el titular del MEF, Héctor Alexander.
En una conversación con este diario, Icaza dijo que se trata de un “incremento exagerado” y que la propuesta no tiene en cuenta la capacidad de las empresas para hacer frente a una sanción de ese tipo. “Estas multas tienen que ir en función de la capacidad financiera de la empresa, pero también de la gravedad del delito cometido, tanto para sujetos financiero como no financieros y no puede quedar abierta a la subjetividad del funcionario público”, sostuvo.
Icaza dijo que han enviado su posición al Ministerio de Economía y Finanzas y que sostendrán una reunión al respecto.
El empresario señaló que también se deben incluir sanciones a los funcionarios y mostró preocupación porque normas de este tipo se puedan utilizar para ataques políticos, como sucedió en el pasado.
El proyecto de ley 624 forma parte de un grupo de iniciativas presentadas por el Gobierno en abril para adecuar el marco de prevención de blanqueo de capitales con el objetivo de salir de listas de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
No obstante, Icaza recordó que hay leyes que se aprobaron en el pasado con ese fin y no se han aplicado. Puso como ejemplo la ley para crear un registro privado de beneficiarios finales, que está vigente desde marzo de 2020 sin que el registro haya visto la luz todavía. “Esto es un tema principal para la salida de las listas grises”, sostuvo.
Dijo que otro aspecto importante es la gobernanza y el fortalecimiento de la institucionalidad de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, institución que fue creada por la ley 124 de 7 de enero de 2020, pero aún no tiene a todos sus miembros designados.
Como también han señalado otras voces de la sociedad civil, la ausencia de certeza de castigo también juega en contra de los intereses del Panamá para salir de las listas. En ese sentido, Icaza dijo que “nuestro órgano de justicia no ha hecho su labor” y destacó que la selección de magistrados que tiene que hacer el presidente de la República este año puede mandar un mensaje fuerte de cambio dentro de ese órgano del Estado.
Otra de las fallas destacadas que incide en la permanencia de Panamá en las listas tiene que ver con que las autoridades han sido “incompetentes” para brindar información a tiempo a otras jurisdicciones que las piden, a pesar de tenerla disponible.
