La Junta Técnica Actuarial recomendó a la Caja de Seguro Social (CSS) que solicite $48 millones del fideicomiso a favor del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) correspondientes al déficit contable de 2018, aunque anticipa que el déficit real será superior al que figura en los estados financieros no auditados.
Con ese aporte de $48 millones, la CSS cubriría parcialmente la caída de ingresos de este 2020 en el programa que alimenta las pensiones y jubilaciones de los panameños, que sufre un problema estructural agravado ahora por la crisis económica que ha traído la pandemia.
Este informe de la Junta Técnica Actuarial es uno de los requisitos para que la CSS pueda hacer uso de los fondos, depositados en el Banco Nacional de Panamá.
Los actuarios recomiendan el uso del fondo, así como la entrega del informe de auditoría por parte de la Contraloría General de la República.
En 2005 el sistema de pensiones se dividió en dos subsistemas: El Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), en el que se quedaron los cotizantes que en ese momento tenían más de 35 años; y el Subsistema Mixto, con un componente de cuentas individuales, al que ingresaron los menores de 35 años y todos los nuevos cotizantes.
Así, con el tiempo, el SEBD no gana cotizantes que estimulen sus ingresos, pero sí tiene que asumir un elevado gasto con el pago de las jubilaciones. Según las corridas de la Junta Técnica Actuarial recogidas en este informe, con fecha de 8 de octubre de 2020, las reservas del SEBD se agotarían en 2025 si no se toman medidas.
Fallas contables
En su análisis de los estados financieros de 2018, la Junta Técnica Actuarial refleja una serie de fallas y deficiencias en el manejo de la contabilidad de la entidad.
El informe dice que “entre 2006 y 2018 se contabilizaron erróneamente en el SEBD las cuotas del décimo tercer mes que le correspondían al Subsistema Mixto”. Aunque se hizo una corrección de $349 millones entre 2017 y 2018, la junta señala que se debe hacer un ajuste adicional por ingresos financieros que debieron registrarse en el Subsistema Mixto.
Además, el análisis recoge que “debido a fallas en la contabilidad a raíz de la implementación de los sistemas SAP/Safiro y SIPE” se generaron cuentas por cobrar y saldos entre programas. Así el SEBD tiene deudas o pasivos con otros programas por los que no está pagando intereses y elevan, de manera artificial, sus ingresos por inversiones.
Según el informe de los actuarios, el subsistema de beneficio definido debió registrar entre $48.3 millones y $63.8 millones menos en rendimiento por inversiones en 2018 y, por lo tanto, anticipa que el déficit real será superior a los $48 millones registrados en los estados financieros no auditados.
La junta técnica dice que este es un problema reiterativo desde 2012, cuando se implementaron las plataformas tecnológicas, que la situación ha sido advertida por la Contraloría General de la República, el Departamento Actuarial de la CSS y la junta técnica, y que, por lo tanto, “llama la atención que esta corrección tan importante no se haya hecho, habiendo sido reportada todos estos años”.
El informe hace referencia a un hallazgo de la auditoría de 2017 de la Contraloría General de la República que señala que “no se está registrando contablemente los riesgos o programas que administra la CSS ya que el sistema de registros Safiro no mantiene un módulo para el registro de los riesgos o programas que administra esta entidad autónoma”, para luego referirse a los artículos 100 y 102 de la Ley 51, que establecen la separación contable de los distintos programas y subsistemas de la CSS.
La junta técnica dice que surge la necesidad de corregir los ingresos financieros por activos que no le corresponden al SEBD. “Una vez que se corrijan estas deudas entre programas y subsistemas, disminuirán los activos del SEBD”. Dependiendo de la metodología que se utilice, el ajuste estaría entre $114 millones y $241 millones. La junta aclara que para hacer sus propias estimaciones tomaría el monto más elevado como escenario conservador, y recomienda a la administración de la CSS que proponga una metodología detallada para corregir todas las cuentas contables que se impacten y que la corrección sea certificada por la Contraloría General de la República.