El déficit fiscal del sector público no financiero ascendió a $2,317 millones en el primer semestre del año, cifra que duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior, y que representa un 3.3% del producto interno bruto (PIB).
El resultado se explica por una caída de 7% en los ingresos y un aumento de 11% en los gastos.
Los ingresos totales sumaron $5,329 millones, $404 millones menos que en los seis primeros meses del ejercicio anterior.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuntó en una presentación del balance fiscal publicada en su página web que, de manera general, los ingresos tuvieron cada mes un desempeño inferior al año anterior.
Por ejemplo, en el mes de enero de 2018 se recibieron $1,007 millones, $139 millones más que en enero de este año. En marzo la brecha fue de $206 millones y en abril de $176 millones. Solamente febrero tuvo un comportamiento mejor que su par del año anterior.
La anterior administración del MEF achacó la caída al efecto de huelga de la construcción de 2018, que habría impactado la recaudación de impuesto sobre la renta, y al aumento de los contribuyentes omisos, es decir, aquellos que declararon el año anterior y no lo hicieron en 2019.
Además de tener una merma en los ingresos, al desbalance contribuyó el aumento del gasto, que llegó a $7,646 millones en el semestre.
Al gasto operativo o corriente se destinaron $5,344 millones, un 8.4% más que el año anterior. De ese total, $622 millones se utilizaron para pagar los intereses generados por la deuda pública.
También registró un aumento la partida de gastos personales del Gobierno Central, que pasó de $1,480 millones a $1,524 millones.
Por su parte, a inversiones se dedicaron $2,301 millones, es decir, $346 millones o 17.7% más que en el mismo periodo del año anterior.
Límite legal de déficit
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal impone un límite del déficit del 2% del PIB para este 2019.
Aunque habitualmente la mayor parte de los ingresos se reciben en el último trimestre, el Gobierno se vio obligado a hacer ajustes para intentar cuadrar las cuentas de fin de año.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, si no se tomaba ninguna medida, el déficit llegaría a fin de año a $3,225 millones, un 3.8% del PIB, prácticamente el doble de lo permitido.
Para equilibrar las cuentas, el Gobierno aprobó un periodo de contención del gasto público, que ha provocado un ajuste presupuestario en 78 entidades públicas, entre las que se destacan el Ministerio de Obras Públicas ($340 millones), la Caja de Seguro Social ($273.3 millones) y el Ministerio de Salud ($127.9 millones).
Por el lado de los ingresos, el Gobierno se podría ver favorecido si se aprueba la moratoria fiscal a todos los impuestos, iniciativa que figura en el proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Melchor Herrera.
Si el ajuste no surte el efecto deseado, el MEF tendría la opción de solicitar dispensas o modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en una Asamblea que controla el partido gobernante para modificar los límites de déficit de 2% sobre el PIB y de la relación de deuda neta sobre el PIB, que tiene actualmente un límite de 40%.