La junta directiva recibió de parte de la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) la radiografía completa de las finanzas de la entidad al cierre de 2020. En las explicaciones dadas y los números compartidos se dejan ver dos elementos fundamentales: el impacto de la deficiencia estructural del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y los efectos de la Covid -19 en la recaudación de ingresos de esta entidad.
El subsistema de beneficio definido IVM cerró el año 2020 con un déficit de $517.4 millones. Un año antes, es decir en 2019, el déficit había sido de $249.9 millones.
La merma en los ingresos y el alza de los gastos es lo que provoca este déficit, que en los últimos años se ha ido cubriendo con las reservas y con los aportes anuales que hace el Estado.
El problema de fondo es que cada año hay más jubilados y se va reduciendo la cantidad de trabajadores que a través de sus aportes financia las pensiones.
Si a esta deficiencia estructural se le adiciona una caída en los ingresos producto de la parálisis laboral de miles de personas en el primer año de la pandemia, la situación se agrava.
Resultados del período 2020
$254
millones fue el déficit del programa de Enfermedad y Maternidad.
$48.5
millones de déficit reportó el programa de riesgos profesionales .
$517.4
déficit calculado para el subsistema exclusivamente de beneficio definido
Es por ello que las reservas del programa con el que se financian las pensiones de los actuales jubilados que hay en el país se han ido erosionando de forma rápida.
Esta era la última sábana de contención que tenía el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Y de acuerdo con la data de la CSS, las reservas institucionales del programa pasaron en un año de $1,467.7 millones a $1,170.2 millones.
Es así como se observa una variación absoluta de $297.5 millones de 2019 a 2020.
A este ritmo, para 2024 no habrá dinero disponible en las reservas.
Los ingresos más importantes de la CSS son las cuotas regulares pagadas por empresas y trabajadores. Solo en estos ingresos se reportó una caída de $3,016 millones a $2,639 millones, lo que significa que dichos aportes disminuyeron en $376. 9 ó 12%.
Mientras que los ingresos por prima de riesgos profesionales pasaron de $278.3 a $211.7, lo que representó una baja de 24%.
Las caídas de ambos renglones reflejó una disminución de los ingresos por recaudación por el orden de los $443.5 millones.
El problema de fondo es que sin suficientes ahorros, la CSS se enfrenta al enorme problema de no tener de dónde tomar dinero a medida que, anualmente, aumenta el monto en el pago de las pensiones.
La situación preocupa a las calificadoras de riesgo, a los principales gremios empresariales del país, a los jóvenes que aún no se jubilan y a los economistas.
Hace poco, el economista Felipe Chapman comentó a este diario que la principal amenaza que veía para la recuperación económica seguía siendo la pandemia del Covid-19, que aún está muy presente.
Pero internamente, la alerta más sobresaliente que observa es el deficitario programa de pensiones de beneficio definido de la CSS.
Rubén Castillo, presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que el diálogo por la CSS debe actuar “con sentido de urgencia”.
Se refiere a la discusión que desde 2021 inició el país para hacer las propuestas de reformas a la CSS.
La idea era que en este ejercicio de participación ciudadana se pudiera buscar una solución a la quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido. Sin embargo, este diálogo ha entrado en un impasse hasta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregue un informe sobre el estatus de las finanzas del IVM.
Hay voces internas del diálogo que ya advierten que el diagnóstico de la OIT puede ser igual o peor que el último reporte de la administración de la entidad.
La encuesta de percepción de riesgos globales del Banco Mundial identificó este año que el principal riesgo para la economía panameña es el colapso del sistema público de pensiones. Este riesgo está incluso por encima del desempleo, el prolongado estancamiento económico y los daños ambientales en el país.
La deuda real en el IVM de beneficio definido es de entre $65 mil millones y $75 mil millones, según los cálculos que ha hecho la Junta Técnica Actuarial de la CSS.
