La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) interpuso ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la resolución 023-2020 que emitió la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y que clasifica como confidencial y de uso restringido una serie de datos relacionados con operaciones aéreas, así como información de las empresas que están autorizadas por la entidad, entre otros.
Luis Young, secretario de organización de Unpac, comentó que la resolución viola una serie de normas como la ley 6 de transparencia de 2002, además de constituirse un caso de extralimitación de funciones por parte del director de AAC, Gustavo Pérez, que en opinión del gremio, no está autorizado para restringir el acceso a estos datos.
La resolución publicada en la Gaceta Oficial 28,984-A establece que serán de acceso restringido las grabaciones del centro de control aéreo; las investigaciones sobre accidentes; registros de vuelos; los resultados de las auditorías que realicen la Organización de Aviación Civil Internacional y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
En 2017, la última auditoría reveló que el país cumplía con el 63 % de los requisitos de la OACI, luego que en 2015 el resultado fuera de 36%.
La resolución impide el acceso a estudios psicológicos hechos a los funcionarios de la AAC, los procesos administrativos por violaciones aeronáuticas, evaluaciones hecha a pilotos y personal de cabina, así como todo lo relacionado con la información proporcionada por los operadores aéreos, entre otros datos.
La Prensa consultó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), sobre el alcance de la resolución 023-2020 y en la institución informaron que ayer se comunicaron con Pérez para conocer más detalles de la misma, porque no tenían conocimiento de la existencia del documento.
Pérez señaló que a través de la revisión de documentos que a diario solicitan los usuarios aeronáuticos, al igual que abogados particulares, se ha podido determinar que mucha información está siendo utilizada para beneficios particulares que riñen contra las normas internacionales y la Constitución.