Cumplida la primera mitad de su mandato, la administración de Laurentino Cortizo ha registrado un notable aumento en la deuda pública, y durante 2021 el saldo llegó a superar por primera vez los $40,000 millones.
El aumento de la deuda pública en un solo año fue de $3,527.9 millones, pero si se compara con el inicio de la gestión del mandatario, se observa un incremento de $13,875.4 millones, un crecimiento superior al registrado en las administraciones completas de sus predecesores en el Gobierno.
El aumento de la deuda y la gestión de las finanzas públicas han sido protagonistas en las últimas transiciones presidenciales. Al asumir el poder en julio de 2019, el gobierno del PRD culpó a la administración de Juan Carlos Varela de haber dejado pendientes millonarias cuentas por pagar a proveedores y un balance fiscal deficitario.
“ Cuando se toma deuda, hay dos cosas ciertas: una es que la deuda se paga sí o sí, ya sea en esta generación o en la siguiente; la segunda es que la deuda la paga la sociedad, no la paga ningún gobierno”
Ernesto Bazán, economista
De igual forma, la administración de Varela achacó en 2014 a la de Ricardo Martinelli el gran peso que había dejado en forma de compromisos en contratos llave en mano.
Más allá de los reproches entre las administraciones, el engrose de la deuda pública durante el Gobierno de Cortizo se explica por la pandemia del nuevo coronavirus y el impacto que su gestión tuvo en la economía y las finanzas públicas.
El estricto y prolongado confinamiento de 2020 provocó un desplome en la economía y en los ingresos públicos. La pandemia demandó gastos extraordinarios en salud y protección social, y a la vez creció el gasto operativo del aparato estatal.
El economista Carlos Araúz señaló a este diario que “está ya claro que ninguna administración ha querido, ha sabido ni ha podido hacer ajustes para que la deuda sea controlada de manera sensata, al ir de la mano con una contención del gasto decente y con cordura administrativa”.
El también economista Ernesto Bazán apunta que el aumento del endeudamiento es una consecuencia del “despilfarro fiscal”.
Se refiere, por ejemplo, al aumento en el gasto corriente y, específicamente, en la planilla del Estado.
Según el último dato disponible, al cierre de septiembre de 2021 los gastos corrientes del sector público no financiero, que incluyen la planilla y los intereses de la deuda, llegaron a $9,115.6 millones, un alza de $903.7 millones u 11% respecto al mismo periodo del año anterior.
“No se ha evidenciado una búsqueda de austeridad en pandemia, que es una época en que los ingresos se reducen, pero no ha habido una correspondencia con los gastos”, sostuvo Bazán.
En esa misma línea se refirió a la necesidad de revisar gastos en consultarías, subsidios y exoneraciones fiscales.
Los subsidios se vieron presionados por la necesidad de apoyar a familias afectadas por la pandemia, y además se mantuvieron los programas que se venían desarrollando anteriormente.
El déficit, una constante
Bazán recordó que el último año en el que el sector público cerró con superávit fiscal fue 2008, justo antes de que entrara en vigor la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, una herramienta cuyo objetivo era promover la disciplina en el gasto.
Desde entonces, todos los años el balance ha cerrado en números rojos, propiciando aumentos en el saldo de la deuda.
“Se entiende que la deuda puede ser útil si permite financiar proyectos y algunas acciones que por circunstancias temporales se necesitan, pero nos hemos pasado por alto esa ley”, dijo Bazán, en referencia a las numerosas excepciones que se han aprobado para elevar los límites de déficit cuando lo necesitaban los gobiernos de turno.
Durante las administraciones de Martinelli y Varela, la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) se mantuvo con cierta estabilidad por debajo del 40% aconsejado por la norma, porque el aumento de la deuda estaba acompañado de crecimiento económico.
En esta administración, primero la desaceleración económica de 2019 y principalmente el desplome económico por la pandemia hicieron que el indicador se disparara hasta un 69.8% del PIB en 2020.
Para conocer el resultado del cierre de 2021 habrá que esperar a que se revele el dato del PIB del año pasado, cuya evolución ha sido más favorable de lo que se pronosticaba a inicios del ejercicio, lo que podría ayudar a mejorar las métricas fiscales.
Para este 2022, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca un límite de déficit fiscal de 4% del PIB. Tanto Araúz como Bazán destacaron la importancia de que se respete este techo, de manera que se contenga el aumento de la deuda.
“Cuando se toma deuda, hay dos cosas ciertas: una es que la deuda se paga sí o sí, ya sea en esta generación o en la siguiente; la segunda es que la deuda la paga la sociedad, no la paga ningún gobierno”, recuerda Bazán.
En un entorno inflacionario y con una tendencia de alza de las tasas de interés, el incremento de la deuda ejerce presión en el presupuesto en forma de pago de intereses y esto limita la capacidad de gasto en inversiones o en obras sociales.
La mayor rigidez fiscal, el deterioro de la economía y de las finanzas públicas no han pasado desapercibidos para las agencias de calificación de riesgo, que han rebajado la nota soberana de Panamá desde el inicio de la crisis.
En la escala de Fitch Ratings, la nota tiene perspectiva negativa y está a un solo escalón de perder el grado de inversión, un riesgo que por el momento no se corre con las otras dos agencias. Si Panamá pierde este sello de buen pagador con Fitch, Bazán subraya que los mercados exigirían un mayor rendimiento al percibir más riesgo, lo que aumentaría los costos financieros para el sector público, pero también para el sector privado, ya que una rebaja en la calificación soberana se traduciría en movimientos en la misma línea para entidades como los bancos.