La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece como una de sus metas la reducción del nivel de endeudamiento público.
Señala, en concreto, “que la política fiscal del Gobierno estará orientada a reducir el nivel de la deuda pública neta del sector público no financiero como porcentaje del producto interno bruto (PIB) nominal” y marca como objetivo indicativo mantener la deuda pública por debajo del 40% del PIB.
El padre de la norma, Héctor Alexander, actual ministro de Economía y Finanzas, no verá ese objetivo cumplido en la actual administración del Partido Revolucionario Democrático. Al contrario, se espera que ya al cierre de 2019 se haya superado ese objetivo del 40% y, según las proyecciones del MEF establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en los próximos cinco años la tendencia seguirá siendo ascendente.
Así figura en las proyecciones macroeconómicas que se incluyen en el Plan Estratégico de Gobierno 2020 - 2024, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 31 de diciembre.
La creación del Plan Estratégico de Gobierno es un mandato de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y debe ser elaborado durante los seis primeros meses de cada administración presidencial.
Según la programación financiera que se puede observar en el documento, el Gobierno seguirá incurriendo en déficits fiscales, con lo que se seguirá elevando la deuda pública.
Según los límites actuales de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, los déficits deben ir reduciéndose a medida que avanza la administración de Laurentino Cortizo.
De un déficit que este año se estima en más de $2,400 millones (equivalente al 3.5% del PIB), se irá rebajando a $2,010 millones en 2020 (2.75% del PIB), $1,922 millones en 2021 (2.5% del PIB) y así paulatinamente hasta llegar a un déficit de $1,777 millones en 2024 (2% del PIB).
El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público no financiero. Cuando los gastos son mayores, la diferencia para balancear los presupuestos debe ser obtenida a través de la emisión de deuda.
Por lo tanto, los déficits de los años venideros se traducirán en mayores niveles de deuda y, según la proyección del Gobierno, el saldo adeudado por el sector público no financiero cuando termine el año 2024 -el último de la administración Cortizo- será de $40,436 millones.
El 1 de julio de 2019, cuando Cortizo asumió el poder, el saldo de la deuda era de $26,612.4 millones.
En la segunda mitad del año, ya con la actual administración en el poder, el Gobierno salió al mercado en varias ocasiones a contratar deuda y al 30 de noviembre el saldo había aumentado hasta los $30,370.4 millones. Parte de estos fondos se utilizaron para cubrir las necesidades del presupuesto de 2019, otra parte para obtener los recursos por adelantado para un vencimiento de deuda al que debe hacer frente el Gobierno este mes de enero, y un tercer tramo fue para saldar deudas que el Estado tenía pendientes con proveedores, banca pública y privada y la Caja de Seguro Social desde hace años.
Desempeño económico
La deuda crecerá en el próximo quinquenio, pero también lo hará la economía. Según las proyecciones plasmadas en el documento, el PIB crecerá a ritmos en torno al 4% en los próximos años. Para 2019, y a falta del dato oficial que debe facilitar la Contraloría General de la República, las estimaciones del Gobierno apuntan a que el PIB se ubicará en $68,866 millones.
Para 2020 se espera que el PIB llegue a $73,167 millones e irá creciendo hasta los $88,750 millones proyectados para 2024.
Para que esto suceda, el Gobierno deberá revertir la tendencia de desaceleración que experimenta la economía desde 2017.
El Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024 incluye un plan de recuperación económica a corto plazo que se basa en la mayor participación del sector privado para dinamizar la economía, dada la situación de estrechez en las cuentas públicas.
Para conseguirlo, el gobierno se propone: Introducir legislación que suscite inversión privada en la construcción; incentivos para movilizar inversión directa extranjera y nacional; reducir los pasos y el tiempo que toman los diez trámites identificados en el estudio “Facilidad para hacer negocios” del Banco Mundial para atraer inversión extranjera y aumentar la productividad; reducir el tiempo de refrendo por parte de la Contraloría General de la República; y ejecutar proyectos públicos rentables.
Algunas de las acciones concretas pasan por instalar una ventanilla única en exportación, reexportación, permisos de construcción y ocupación, así como simplificar trámites en estudios ambientales. Se pretende, además, extender los beneficios otorgados a Panamá Pacífico a la Zona Libre de Colón, Tocumen, S.A y otras áreas que se identifiquen para promover la inversión.
El documento cuestiona “el espejismo de una economía de abundancia promovido a través de megaproyectos y gastos excesivos, muchos de ellos no redituables, financiados a través de un modelo de endeudamiento creciente” y no se aventura a anunciar nuevas megaobras. No obstante, incluye entre las acciones prioritarias la construcción proyectos heredados como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que ha enfrentado al Ministerio de Obras Públicas con su contratista, el consorcio chino Panamá Cuarto Puente; confirma que se ejecutará la tercera línea del Metro de Panamá, que conectará Albrook con Arraiján; y adelanta que se harán “gestiones para la consecución de fondos para la construcción en el área metropolitana de la Línea 2A”, que conectaría San Miguelito con Punta Paitilla.