El saldo de la deuda del sector público no financiero se ubicó en $33,466.4 millones al cierre de julio, cifra que representa un aumento de $421.8 millones respecto al monto registrado el mes anterior, informó la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El incremento en el último mes se explica por los desembolsos de $426.4 millones efectuados por organismos multilaterales, entre los que destacan $400 millones correspondientes al Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También captó el Gobierno $42.7 millones del mercado local de deuda, a través de una subasta de Letras del Tesoro.
En lo que se refiere al servicio de la deuda externa, destacan $152.1 millones en concepto de intereses pagados correspondientes a varios bonos globales, el instrumento más utilizado por el Estado panameño para contraer deuda (ver infografía) y $47.1 millones destinados a pagos de principal o capital de préstamos contratados con organismos multilaterales y la banca comercial.
Si se compara el saldo de la deuda al 31 de julio con el mismo momento del año anterior, se observa un incremento de $4,881.3 millones.
Esto es consecuencia de los mayores niveles de contratación de deuda, primero para cumplir con cuentas por pagar que estaban pendientes con distintos proveedores desde administraciones anteriores, y luego para compensar la falta de ingresos provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.
La paralización o ralentización de la mayor parte de los sectores económicos se tradujo en una menor generación de ingresos para el fisco. Completado el mes de julio, los ingresos corrientes sumaron $2,715 millones, cifra que representa una caída de $1,372 millones o 33.6% si se compara con lo que había presupuestado el Gobierno para ese periodo.
Además, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha vaticinado que en lo que resta de año se va a mantener la tendencia de no cumplir con los montos presupuestados en la recaudación. Así, en los doce meses, la caída proyectada de los ingresos será superior a los $3,000 millones, según las estimaciones oficiales.
Desde que comenzó la crisis, el Gobierno ha recurrido a distintas fuentes de financiamiento, destacando la emisión en el mes de marzo de un nuevo bono global por $2,500 millones.
Panamá fue el primer país de la región en salir a los mercados internacionales en medio de la crisis y se valió del grado de inversión que ostenta su deuda y del hecho de ser considerado por los inversionistas uno de los emisores más seguros de la región para obtener los fondos con buenas condiciones, algo que no han podido lograr otros países.
Por encima del umbral
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece como referencia que la relación entre el producto interno bruto (PIB) y la deuda no debería sobrepasar el 40%. Esto es un objetivo, no una exigencia de la ley.
Ese umbral ya se superó el año pasado, cuando la relación entre deuda y PIB cerró por encima del 46%. Y el dato de deuda de julio ya equivale al 55% del PIB proyectado para fin de año. El aumento es pronunciado, ya que no solo se está contratando más deuda, sino que el PIB se está contrayendo (las estimaciones más pesimistas apuntan a un 10%) como consecuencia de la crisis.
A medida que sube la deuda, aumenta también la necesidad de asignación de fondos en el presupuesto para cumplir los compromisos, restando espacio a otro tipo de gastos, como la inversión. Así, el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para 2021 prevé un aumento de $638 millones en el servicio de la deuda.
Las agencias de calificación de riesgo han notado un deterioro en los indicadores de deuda de Panamá en los últimos ejercicios y este año dos de las grandes agencias internacionales pusieron la perspectiva de la calificación en negativa, lo que quiere decir que a mediano plazo podría producirse una rebaja o downgrade.
Desde las agencias han señalado que para evitarlo sería importante retornar, a partir del próximo año, a niveles de crecimiento de alrededor del 4% y mostrar un plan de consolidación fiscal para reducir los niveles de déficit y del nivel relativo de endeudamiento.