En el último año, el saldo de la deuda pública creció $5,331.6 millones para totalizar $31,018.5 millones.
De ese total, $24,223.2 millones corresponden a deuda externa y $6,795.3 millones, a deuda interna.
Solo en el último mes la deuda aumentó en $648.1 millones y en los últimos seis meses del año, en el estreno de la administración de Laurentino Cortizo, el incremento ha sido de $4,406.1 millones.
El considerable aumento de la deuda atiende dos razones: la acumulación de déficits fiscales durante los últimos 11 años y a las emisiones de deuda efectuadas en la segunda mitad del año por la actual administración.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló anteriormente que estas emisiones se realizaron para cubrir el déficit fiscal del ejercicio 2019, marcado por una caída en los ingresos, y para saldar deudas que no aparecían en los balances y que el Estado mantenía durante años con bancos, la Caja de Seguro Social y distintos proveedores.
En concreto, en los últimos días de diciembre, el MEF emitió $382 millones para pagar cuentas pendientes con los bancos que participan en el programa de intereses preferenciales, un subsidio que se concede a los compradores de viviendas.
Esos títulos de deuda fueron entregados a los bancos como mecanismo para saldar las cuentas, ya que el Gobierno no había reconocido por años todas las cuentas generadas por este subsidio.
La misma fórmula se utilizó para pagar una deuda de $422 millones que el Gobierno tenía con la Caja de Seguro Social y otra de $84 millones para cumplir un compromiso anterior de la Zona Libre de Colón con el Banco Nacional de Panamá.
El economista Olmedo Estrada dijo que había millones de dólares comprometidos, pero que no estaban registrados oficialmente. “Objetivamente, el Gobierno prefiere tener claridad de cuánto es la deuda para poder manejar el tema de la responsabilidad fiscal”, apuntó.
La consecuencia de ese ejercicio de ordenamiento de las cuentas es el aumento de la deuda registrada y el empeoramiento de los indicadores financieros del país. A falta de conocerse el dato del producto interno bruto (PIB) de 2019, el MEF ya ha reconocido que la relación entre deuda neta y PIB superará el umbral del 40%, objetivo que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal recomienda no superar.
Además, en el futuro próximo se prevé una mayor presión para las finanzas públicas por la eventual escasez de fondos en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, del que se nutren las pensiones y jubilaciones.
Estrada dijo que si no se consigue reactivar la economía se enviará un mensaje negativo para mantener la calificación de riesgo.
No obstante, en los mercados no se aprecia una pérdida de confianza sobre los títulos de deuda panameños. Al contrario. El indicador de riesgo Embig de Panamá, que mide la prima que los inversionistas solicitan para adquirir deuda de un país emergente, se ubicó en 114 puntos básicos al cierre de diciembre, un nivel inferior al registrado en noviembre y al que poseen los principales países de la región con similar o mayor calificación de riesgo.