El saldo de la deuda pública se situó al cierre de noviembre en $36,085.8 millones, cifra que representa un aumento de $339 millones si se compara con el saldo existente el pasado mes de octubre, y de $5,715.4 millones respecto al 30 de noviembre de 2019, según el reporte más reciente de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El aumento de la deuda en el último mes se explica por desembolsos de $363 millones recibidos por el Gobierno, destacando los $360 millones de una línea de crédito con el Banco Nacional de Panamá.
En cuanto al servicio de la deuda externa, el Gobierno destinó $32.4 millones a pagos de capital de préstamos contratados con organismos multilaterales y $41.2 millones a gasto en intereses por distintos instrumentos, tanto bonos como préstamos. En el mercado interno, por su parte, se pagaron $42 millones en intereses.
El saldo de la deuda en noviembre, de $36,085.8 millones, se acerca al máximo registrado este año, algo que sucedió en septiembre, con $36,107.2 millones.
Durante la pandemia, la deuda pública se ha disparado. En marzo de este año, cuando se conocieron los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, los compromisos del sector público no financiero sumaban $29,845.2 millones, es decir, $6,240.6 millones menos que al cierre de noviembre. Con esos recursos se podría costear nuevamente la ampliación del Canal de Panamá (cuyo presupuesto fue de $5,250 millones) y sobrarían, todavía, cerca de $1,000 millones.
El aumento de la deuda registrada será mayor cuando el país reciba los préstamos que han sido contratados, pero aún no desembolsados. En total, en este estatus hay facilidades por $1,382.51 millones.
El Gobierno ha recurrido a la contratación de deuda para balancear unos ingresos drásticamente afectados por la pandemia. El cese de actividades durante una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas de la región se refleja también en la fuerte caída de ingresos corrientes del Gobierno, brecha que podría estar alrededor de los $3,000 millones, según las propias estimaciones del MEF.
La pandemia no solo ha disminuido los ingresos, sino que ha generado una presión adicional por el lado del gasto para atender la crisis sanitaria y las ayudas sociales para mitigar los efectos económicos.
Para tratar de disminuir la brecha entre ingresos y gastos, el Gobierno redujo el gasto en inversión. Entre enero y septiembre, según el último balance fiscal publicado, el gasto de capital del sector público no financiero se contrajo en $710.8 millones o 25.6%, mientras que el gasto corriente o de operaciones, incluyendo la cantidad destinada a intereses de la deuda, aumentó en $378.2 millones o 4.8%.
Esa ecuación resulta contraproducente para la economía, ya que la inversión pública podría ser uno de los dinamizadores de la recuperación. Grandes proyectos de infraestructura no han tenido mayor avance este año y en el caso del Cuarto Puente sobre el Canal, no recibió asignación presupuestaria para 2021 a la espera de concretarse un esquema de financiamiento privado. Gremios empresariales como la Cámara Panameña de la Construcción han señalado que los grandes proyectos pueden tomar tiempo en iniciar ejecución y que en este momento se requeriría un mayor impulso de obras comunitarias, como podría ser la reparación de escuelas, que tengan un impacto más inmediato en la generación de empleo.
El economista Felipe Argote señaló que el problema no es el aumento de la deuda, sino para qué se utiliza ese dinero. “Se está aumentando para mantener los privilegios de la burocracia, para mantener asesores, influencers, diputados, en lugar de mantener el tejido social, productivo y económico”.
Por su parte, cuando se captan recursos para inversión, “aún elevando tu deuda, el efecto de crecimiento en la economía es tal que tu relación deuda/ producto interno bruto (PIB) se reduce”, planteó.
Argote, quien lamentó que “no hay ningún plan” de reactivación y eso hace que no haya perspectivas de recuperación de la economía, abogó por dar un mayor apoyo a los trabajadores suspendidos para que estos puedan hacer frente a sus compromisos y reactivar el consumo, lo que, a su vez, provocaría una mayor activación de las empresas.
A pesar del aumento de la deuda, el Gobierno mantiene atrasos en el pago a proveedores. Aunque algunas empresas ya habrían empezado a recibir abonos y el proceso habría avanzado, los desembolsos aún son lentos y las cuentas pendientes millonarias. Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, señaló que han pedido conocer dónde están los cuellos de botella, “porque el dinero existe”. “Lo importante es que esos pagos se agilicen y que se destranquen los cuellos de botella. Busquemos dónde está el problema y resolvámoslo”.
Si las empresas reciben los montos adeudados de manera oportuna, podrán hacer frente a sus propios compromisos y, en algunos casos, disponer de una liquidez más necesaria que nunca para reiniciar operaciones.