El sector eléctrico, en el cual participan las empresas generadoras y de distribución, enfrenta un momento complejo por las deudas acumuladas de los clientes y un mercado energético en el cual no se hacen licitaciones de contratación de energía a largo plazo desde hace casi una década.
La advertencia ya la ha hecho la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y ahora se sumó el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
El gremio de industriales advirtió sobre los efectos que puede tener en el sector la deuda acumulada en la facturación a raíz de la moratoria aprobada por el Gobierno en 2020 y el incumplimiento de los acuerdos de pagos por parte de los clientes.
El SIP señaló que no solamente hay deuda de los clientes particulares con ENSA y Naturgy (Edemet y Edechi), sino que también hay muchas entidades estatales que no están pagando su factura.
“Solicitamos al Gobierno que evalúe y actúe, ya que con la ruptura de la cadena de pago las inversiones eléctricas creadoras de empleo correrán peligro. El Gobierno tiene pendiente el desembolso de unos $93.6 millones por subsidio eléctrico y el pago de unos $30 millones en facturación de instituciones estatales”, señaló el presidente del SIP, Aldo Magravita.
Según el registro de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en 2020 el monto total del subsidio eléctrico, incluyendo la ayuda adicional por la pandemia, sumó $254.4 millones y hasta febrero 2021 se habían pagado $160.83 millones, con un saldo pendiente con las distribuidoras de $93.6 millones.
A nivel de clientes regulares, la deuda acumulada asciende a unos $250 millones, entre los clientes de Naturgy y ENSA, según la ASEP.
Para Mangravita, se requiere el apoyo de todos, si se pretende que haya un servicio de energía con el suministro adecuado y el nivel de calidad correspondiente. “Señor presidente [Laurentino Cortizo] es el momento de hacer los cambios atinados para que esta situación no se convierta en insostenible”, suplicó.
El sector eléctrico representa aportes al Estado por $150 millones al año en dividendos de las empresas distribuidoras y generadoras en las cuales el Estado tiene participación accionaria.
Se estima que durante los últimos años la inversión en generación y distribución fue por más de $3 mil millones.
Mangravita recordó que mientras muchas actividades estaban paralizadas por la pandemia, la industria eléctrica se mantuvo activa y sigue trabajando para producir la energía que se necesita. “Ahora estamos en medio de la apertura nacional y es cuando más requerimos la electricidad que ayudará al crecimiento y al desarrollo”, dijo.
A la falta de liquidez por la moratoria se añade la incertidumbre entre muchas generadoras que no tienen contratos de suministro de energía porque en los últimos años no se han hecho licitaciones.
La última licitación a largo plazo fue en 2013, cuando se adjudicó el contrato de 670 megavatios por 20 años a Panamá NG Power para comenzar a despachar en 2017 con el uso de gas natural licuado.
El proyecto ha tenido una enorme lista de inconvenientes y fallas a los ojos del regulador sin que hasta la fecha se haya concretado la operación. Algo similar ha ocurrido con Sinolam Smarter Energy (antes Martano) que se adjudicó un contrato por 350 megavatios en 2015 a base de gas natural licuado que debía comenzar a producir energía en 2019, pero tampoco ha arrancado operaciones.
En ambos casos las empresas lograron que se les extendiera el plazo para despachar.
Con el volumen de energía contratado en ambos casos, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) se ha visto limitada en llamar a nuevas licitaciones.
Se evita caer en una sobrecontratación de energía, pero tampoco están operativas las plantas de NG Power y Sinolam.
En el camino, a muchas empresas térmicas y algunas renovables se les ha terminado el contrato de suministro, viéndose en la necesidad de alistar maletas y retirarse del mercado.
Según el SIP, hasta este momento son 270 megavatios de varias empresas generadoras retiradas.
