El director general de Ingresos, Publio De Gracia, señaló que detectaron en la entidad solicitudes de devolución de impuestos que datan desde 1998 y que no se habían gestionado.
Desde el sector privado se ha advertido en varias ocasiones de la poca eficiencia histórica de la administración tributaria en hacer efectivas las devoluciones, afectando los flujos de caja de las compañías y los patrimonios personales.
Publio De Gracia, director general de Ingresos
“Así como tenemos la obligación de recaudar, tenemos la obligación de devolver los impuestos a los contribuyentes”.
“En un país que se quiere vender como un lugar para hacer negocios, tener una administración tributaria que no sea eficiente al momento de contestar recursos o hacer devoluciones, no es una buena señal para inversionistas y contribuyentes”, comentó el abogado tributarista Camilo Valdés.
Ayer, el director de la DGI dijo que hasta el 31 de diciembre de 2018 existían 4,335 solicitudes de devoluciones por un total de $78.6 millones.
La entidad está trabajando para completar estas devoluciones durante el primer trimestre de 2020 y promete reducir la cantidad de trámites que se deben hacer en un proceso de devolución. “Así como tenemos la obligación de recaudar, tenemos la obligación de devolver los impuestos a los contribuyentes”, dijo De Gracia, que enmarcó esta acción dentro del plan del Gobierno de saldar todas las deudas arrastradas con proveedores, bancos y la Caja de Seguro Social.
La mayor parte de las solicitudes son de personas naturales (3,078), pero el grueso del monto a devolver será para compañías ($71.6 millones).
La DGI está llamando a los contribuyentes para comunicarles que se está haciendo la gestión, pero en muchas ocasiones encuentra que los datos que tiene la entidad no están actualizados, lo que ha dificultado el proceso en cierta forma.
Amnistía tributaria
De Gracia compareció ayer en una rueda de prensa acompañado de buena parte de su equipo para informar además del nivel de avance de la amnistía tributaria.
Desde que entró en vigor el pasado 15 de octubre, la DGI ha recaudado $51.2 millones.
La amnistía fiscal permite a los contribuyentes pagar las cuentas pendientes que tienen con el fisco sin pagar los recargos e intereses generados por la deuda.
La DGI dividió la moratoria en cuatro fases: entre octubre y noviembre condonó el 100% de los recargos e intereses; en el mes de diciembre está eximiendo el 95%; en enero el porcentaje eximido será de 90%; y en febrero se condonará el 85%.
De Gracia dijo que los contribuyentes tienen la opción de llegar a un arreglo de pago en los días que restan de diciembre abonando el 25% del impuesto adeudado y el resto se prorratea hasta junio, manteniendo la condonación del 95%.
El director de la entidad insistió en que esta será la única oportunidad en la que se abrirá un periodo de moratoria en la actual administración.
El objetivo de la DGI es recaudar entre $150 millones y $200 millones hasta febrero, cuando culminará el periodo de moratoria.
La morosidad total registrada en la DGI asciende a $1,500 millones, la mayoría correspondiente al impuesto de inmuebles y a la tasa única que deben pagar las sociedades anónimas.
El director de Ingresos dijo que se está haciendo una tarea de depuración de estas sociedades. “Hemos avanzando en el proceso de suspensión de sociedades que se encuentran morosas en el pago de la tasa única durante tres años”, apuntó.
Además, De Gracia agregó que se está trabajando en un plan para mejorar la fiscalización sobre los contribuyentes que incluye el impulso del proyecto de factura electrónica y la conexión en línea de las impresoras fiscales, de manera que la DGI tenga información al instante sobre los movimientos en los comercios.
Medidas como la amnistía fiscal y el refuerzo de la fiscalización surgen para mitigar la caída de ingresos corrientes. Hasta el mes de octubre, la recaudación era $344.9 millones inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, abriendo la brecha en las cuentas públicas y presionando el límite de déficit fiscal legal que tiene el Gobierno.