Desde la Asamblea Nacional nuevamente se intenta fijar y establecer un tope a las tasas de intereses que puedan cobrar los bancos y entidades financieras a sus clientes.
Se trata del segundo intento en lo que va del año, y sobre el cual ya hay consideraciones técnicas que advierten de su improcedencia.
La primera en proponer una medida como esta fue la diputada de Cambio Democrático Marilyn Vallarino, cuando en el mes de enero propuso un proyecto de ley que fijaba en 2% mensual la tasa máxima de interés efectiva para los créditos, al tiempo que proponía que quien cobrara intereses por encima de este máximo sería considerado “como usura e ilícito”.
Dicha iniciativa legislativa logró avanzar hasta el tercer debate, en medio de la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia por la Covid-19, pero fue vetado por el Órgano Ejecutivo el pasado 8 de junio.
Ahora, la diputada perredista Zulay Rodríguez vuelve a traer el tema a la tribuna legislativa, al presentar un anteproyecto de ley en el que estipula que los bancos podrán fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones, con un tope de 1.25% mensual, como tasa efectiva máxima de interés.
Cifras relevantes
$55,213 millones es el saldo al mes de junio del crédito al sector local.
$26,969 millones es el monto de los préstamos modificados a junio de este año, a raíz de la pandemia. Los bancos han cambiado las condiciones de los préstamos bancarios de sus clientes, con períodos de gracia, cambios en los plazos y ajustes en las tasas de interés.
Por otro lado, su propuesta plantea una modificación al Código Penal, al establecer en uno de sus artículos que el que preste dinero u otorgue una facilidad crediticia a un interés mensual mayor del que establece, en el hasta ahora anteproyecto de ley, será sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión.
Rodríguez es de la opinión que ante la actual crisis financiera, se deben tomar medidas de ajustes a través de una ley formal de la República, para controlar y establecer un tope a las tarifas que, en concepto de intereses, cobran las instituciones bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas de crédito.
Está convencida de que el costo del dinero dado en préstamos debe considerar la realidad económica y financiera del país, fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus.
Pero en el pasado reciente, los banqueros, el regulador de la actividad y el Ejecutivo han advertido de que esto no es posible, de acuerdo con los lineamientos y la base bajo la cual funciona el sistema financiero en Panamá.
El artículo 79 del Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril 2008, que integra el Texto Único de la Ley Bancaria, indica que los bancos podrán fijar libremente el monto de las tasas de intereses activas y pasivas de sus operaciones, por lo que no le serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés.
Dicha disposición atiende a varios factores, de acuerdo con las consideraciones del Ejecutivo, cuando vetó el primer intento de reforma. El país tiene un sistema monetario autónomo desde inicios de su vida republicana, que descansa en el uso y aceptación del dólar como moneda de curso corriente. Por ello, no se cuenta con un banco central ni con una autoridad monetaria para regular las tasas de interés, “situación que, por más de un siglo, ha definido y favorecido la estructura de nuestra economía y nuestro sistema financiero”.
En este sentido, la libertad para fijar la tasa de interés entre las partes es determinado por el mercado, teniendo los clientes la oportunidad de elegir la entidad bancaria que ofrezca la mejor tasa de interés y las mejores condiciones, tanto para sus depósitos como para sus créditos.
Los ejecutivos de la industria han explicado que las entidades captan fondos de los depositantes, por los que pagan una tasa de interés, y los prestan con otra tasa de interés, incluyendo su margen, como sucede en cualquier otro negocio.
En sentido contrario, los intereses que los bancos cobran a sus clientes por los préstamos son utilizados para cumplir con las obligaciones con los depositantes, los acreedores de los bancos y los empleados, y para poder conceder nuevos préstamos.
La diputada Rodríguez presentó el anteproyecto de ley al pleno de la Asamblea Nacional, el pasado lunes 10 de agosto de 2020.