Luego de la propuesta del contralor Gerardo Solís de vender a Panama Ports Company (PPC) el 10% de las acciones que el Estado tiene en esa empresa, algunos de los integrantes de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reaccionaron favorablemente.
La junta directiva de la AMP está integrada por los ministros de la Presidencia (quien la preside), de Asuntos del Canal y de Economía y Finanzas (o a quien ellos designen en su lugar), además de cuatro representantes del sector privado nombrados por el presidente de la República. El contralor acude a las reuniones, con derecho a voz.
A esta última sesión, en la cual se avaló la autorización para la renovación del contrato a PPC por 25 años más, asistieron Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia; Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas; el ministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, y Patricia Velásquez, Julio De La Lastra y Juan Diego Reyna, por el sector privado.
“Interesante planteamiento del señor contralor”, respondió el viceministro García Molino, al presidir la reunión, en reeplazo del ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
La posible venta de las acciones del Estado a PPC se supo un mes después de que se propuso, tras la publicación de las actas de las reuniones de la AMP en las que se abordó la solicitud de renovación del contrato por 25 años más o hasta 2047, documentos que pidió el activista político Ricardo Lombana, en base a la Ley de Transparencia de 2002.
Igualmente, Juan Diego Reyna, luego de la recomendación del contralor sobre la venta de las acciones a PPC, expresó en la sesión que “fue algo que conversamos, porque nos parece también válido, todo eso vale, esto es un negocio al final”, según consta en las actas.
Según la auditoría que hizo la Contraloría General de la República al contrato entre el Estado y PPC, la empresa invirtió $1,695 millones en 23 años y cinco meses, tuvo ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones, con una utilidad acumulada de $909 millones 991 mil.
Con base a estos resultados, el Estado debía recibir más de $90 millones en el periodo, pero PPC solo desembolsó $8 millones, es decir, dejó de pagar unos $82 millones de los dividendos que le correspondían al Estado por el 10% de las acciones. Tras la negociación con la empresa, se informó que en los $150 millones que PPC pagaría al Estado, se incluyeron esos $82 millones de dividendos pendientes.
En esta última reunión de la directiva de la AMP se mencionó varias veces el “acuerdo de accionista” que haría la empresa con el Estado, pero no se reveló con precisión cuál es el propósito y en qué momento se hará.
Rojas Pardini intervino después de lo planteado por Solís y abogó para que en la resolución donde se iba a dar a conocer la decisión de autorizar la renovación del contrato se incluyera que el acuerdo de accionistas “es una ganancia importante, me parece que es una parte importante dentro de esta resolución... Con miras a, no sé si le pudiéramos añadir cuando se vea la redacción, después de hablar de los $175 millones, hacer referencia de que ese acuerdo de accionistas busque los mejores intereses del Estado, el sector marítimo y logístico...” (sic).
Añadió que “del acuerdo de accionista permitirían la valoración, que permitirían derechos a socios minoritarios, que permitirían pensar de una manera integral en el sector logístico y marítimo...” (sic).
En la reunión que autorizó la renovación del contrato a PPC solo participaron seis de los siete directores, ya que el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, se declaró impedido por conflicto de interés tras haber laborado en la firma Morgan & Morgan, abogados de PPC.
Rojas Pardini participó en esta reunión como representante del sector privado, pese a que actúa como funcionario al ser ministro consejero. Además, representa al Estado en la junta directiva de PPC.
