Con un mercado laboral en crisis, 220 mil desempleados, 677 mil 875 informales y trabajadores del sector privado aún en jornada reducida, el país enfrenta el desafiante escenario de establecer un nuevo salario mínimo a partir de 2022 o dejar estática la tabla existente.
Cualquiera de las decisiones podría generar tensión social. La pandemia ha dejado cicatrices que no se han terminado de cerrar, mientras que otras heridas, previamente existentes, se han hecho más profundas.
Empresas con pérdidas, otras con operaciones reducidas y pequeños negocios que nunca pudieron retornar después del parón por más de seis meses a raíz del confinamiento impuesto por el Gobierno hace un año, hacen parte del trago amargo que han tenido que tomar trabajadores y patronos.
Los trabajadores reclaman mejores ingresos, considerando el periodo inflacionario por el que pasa el país. Alegan que los ingresos mínimos no son suficientes para suplir sus necesidades básicas.
En consecuencia, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) indicaron que para que los asalariados de un hogar puedan cubrir sus gastos, se requiere un aumento del 30.63% al salario mínimo promedio de $575.
Alfredo Dubois, economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sentado en la Comisión del Salario Mínimo, hace mención del adverso momento que se vive y de la nefasta consecuencia que traería aumentar el salario.
Habría empresas que no podrían siquiera mantener la planilla que hoy está activa, y mucho menos contratar a nuevo personal, afectando mayormente a la población joven, ya que de cada 100 desocupados, el Instituto de Estadísticas y Censo (Inec) estima que 49 están en edades de entre 15 y 29 años.
“Si se sube el salario mínimo se creará una barrera a más de 1 millón de personas que están desempleadas o informales”, dijo. Se trata de personas que no podrán ser contratadas, porque las empresas no están en capacidad de asumir más carga salarial cuando no están teniendo los ingresos que soporten su operación, acotó.
“Nuestra postura es que se tiene que esperar que la economía se recupere al 100%. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de recuperación y no de crecimiento”, añadió el economista del Conep.
Mientras, el consultor empresarial René Quevedo asiente que la discusión del salario mínimo es una temática compleja.
Precisa que el aumento del costo de la vida es real y se acentuará en los próximos dos años, debido al alza en el precio del petróleo y la crisis logística a nivel mundial.
De tal manera que las demandas de los trabajadores por un aumento tienen sustento, dijo Quevedo.
Sin embargo, también resalta que Panamá sufrió un colapso de su empleo formal privado. De allí que la situación financiera de muchas pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte de los empleos en el país, es precaria.
“Un encarecimiento del componente asalariado del empleo desaceleraría aún más la generación de nuevos empleos, que marcha a un ritmo 44% inferior al del 2019, antes de la pandemia”, precisó el consultor empresarial.
Espejismo
El más reciente informe laboral del Inec reporta una reducción de la tasa de desempleo, de 14.5% en junio de 2021 a 11.3% en octubre de 2021.
Esto significaría, en teoría, que de los panameños mayores de 15 años que quieren trabajar, 11.3% no encuentra empleo. Pero tal cifra no refleja la realidad total del mercado.
En gran medida, el desempleo disminuyó a tales niveles, porque hay menos personas buscando trabajo.
Probablemente, hay menos personas buscando trabajo porque saben que no hay vacantes o porque reciben como paliativo el subsidio del Vale Digital.
La Población Económicamente Activa (PEA) es el universo que comprende a las personas que durante el período de la medición estadística estaban trabajando o buscando activamente un empleo.
Si a manera de ejercicio práctico y teórico se incluyera en el universo de la PEA a todas las personas que están recibiendo en este momento la subvención del Vale Digital, precisamente porque no tienen ingresos, seguramente el porcentaje de desempleo sería mayor.
A octubre de 2021 habían 610 mil 208 beneficiarios en el Programa del Vale Digital, quienes reciben ese beneficio justamente porque perdieron o no encuentran empleo.
“Si se agregara a estas personas a la PEA, el índice de desempleo a octubre 2021 estaría alrededor del 32% y no 11.3%, lo cual parece más cónsono con la realidad que vive el país”, calculó Quevedo.
Panamá apenas empieza a recuperarse de la peor crisis laboral de su historia, cuando en 2020 se perdieron 363 mil 920 empleos asalariados de la empresa privada; 42% de sus empleos formales, en un año, recordó Quevedo.
A diciembre de 2021, el número de beneficiarios del Vale Digital era de 477 mil 894. Al hacer el mismo ejercicio teórico de incorporarlos a la PEA, el desempleo actual se ubicaría alrededor del 29% (a diciembre 2021).
Un aspecto relevante del reciente informe del Inec es que en 2021 el sector privado recuperó 220 mil 951 de los empleos perdidos en 2020, un poco más del 60%, lo cual es positivo.
No obstante, Quevedo advierte que la generación de nuevos empleos formales marcha lentamente.
Entre enero y octubre de 2021, el Ministerio de Trabajo tramitó 183 mil 519 nuevos contratos laborales (76% de ellos temporales), lo que representó 44% por debajo de los 326 mil 802 tramitados en el mismo período de 2019, año en el que la economía generó 52 mil 040 empleos, todos informales.
“Este patrón es síntoma de la incertidumbre existente en el clima de inversiones privadas en el país”, dijo Quevedo.
Dubois, por su parte, recuerda que la empresa privada ha hecho varias propuestas para dinamizar la generación de empleo, que es lo que finalmente generará un aumento en la demanda y el consumo en el país.
Desde el Conep se ha recomendado al Gobierno deducir temporalmente del impuesto sobre la renta los montos que implican las nuevas contrataciones de personal. “Así se reduce el riesgo de los pequeños y medianos empresarios”, dijo.
“De la totalidad de pequeñas y medianas empresas que contribuye en la Dirección General de Ingresos, el 26% no ha declarado renta. Esto significa que ya no están, o por alguna razón no pudieron reportar sus estados financieros y pago de renta”, indicó Dubois, a manera de reflexión sobre la tempestad que sacude a muchos negocios y también al fisco.
