La crisis económica ha socavado la capacidad de pago de consumidores. Casi la mitad de los inquilinos no ha podido cumplir con los pagos. Según la Asociación de Propietarios de Inmuebles (API), los cánones de arrendamiento en viviendas y apartamentos se cumplen entre un 50% y 55%, mientras que en los locales comerciales entre el 35% y 40% de los ocupantes cumplen el pago.
El gremio sostuvo una reunión virtual con el titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Rogelio Paredes en la cual le plantearon algunas inquietudes para tratar de que el sector sea parte de la reactivación económica, dijo José Díaz, presidente de API.
Los propietarios de inmuebles plantearon al ministro Paredes algunas inquietudes sobre la morosidad que se está acumulando por parte de los ocupantes, mientras los dueños no pueden cumplir con sus compromisos bancarios.
Los temas hablados con el ministro también fueron planteados en una carta. En uno de los puntos la API solicita que se le hagan préstamos del fondo de asistencia habitacional o alguna otra forma de facilidad a los arrendatarios afectados por la pandemia para que paguen los alquileres, “sujeto a que ellos lo devuelvan”.
Viviendas y locales
El decreto Ejecutivo 314 del 7 de agosto de 2020, que modificó artículos del decreto 145 del pasado 1 de mayo sobre desalojos y lanzamientos, busca acuerdos de pago y proteger a quienes realmente sí están afectados económicamente.
El fondo de asistencia habitacional existe desde 1973 y fue creado mediante la Ley 93, que surgió a través de la regulación de alquileres, explicó Díaz. Se desconoce cuánta liquidez tiene este fondo, pero el ministro Paredes se comprometió a verificar esa información para dar respuesta a la API, dijo Díaz.
Otro tema propuesto por los propietarios de inmuebles fue otorgar algunos alivios fiscales. “Por ejemplo, que les den crédito de todos los alquileres que no les han pagado, porque eso es parte de la declaración de renta que deben presentar.
Incluso, el presidente de API manifestó que se puede aprobar hasta una ley de moratoria para todos los impuestos que afectan a una propiedad y que permita a los propietarios de inmuebles ponerse al día con sus obligaciones. “No se trata de que nos regalen o condonen si no que nos permitan hacerle frente a las obligaciones”, aclaró.
Un aspecto que les afecta a los arrendadores es el recargo que el Idaan le cobra a los clientes por el atraso en el pago de la facturación de agua, debido a que los arrendatarios dan este servicio a los inquilinos y no fue incluido en la ley de moratoria aprobada en la Asamblea.
Entre los propietarios de inmuebles hay muchos que subsisten de la actividad de alquileres y entre más demora la apertura, mayor será el efecto. Piden que se les permita presentar demandas de lanzamiento a aquellos inquilinos que traen deudas de arrastre desde el año pasado y ahora han quedado cubiertos con la pandemia.
La fecha para permitir lanzamientos, según el decreto Ejecutivo, es hasta que se levante el estado de emergencia, y hasta dos meses después. En este momento existe una incertidumbre sobre cuál será la fecha para levantar el estado de emergencia.
Se prevé que ello se haga cuando se hayan incorporado todas las actividades económicas. Si ello ocurre en diciembre entonces los lanzamientos podrían hacerse legalmente en marzo, es decir, luego de un año desde que se declaró la emergencia.
El compromiso del ministro Paredes fue dar una respuesta a cada uno de los planteamientos de los arrendadores.
Paredes también estuvo de acuerdo con que los ocupantes de locales comerciales hagan frente a este compromiso a través de acuerdos pese a que se han mantenido cerrados.
Consultamos al presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, Domingo de Obaldía, uno de los gremios cuyos afiliados ocupan locales en centros comerciales. Reconoce que la clave debe ser la negociación entre las partes.
Dependiendo de cada local se debe evaluar la situación. “Si el negocio es muy pequeño su capacidad será menor, mientras que si el negocio tiene un mayor tamaño así también pueden ser sus ingresos”, indicó.
Los restaurantes tienen planeado abrir sus puertas el próximo 28 de septiembre.
Aunque algunos negocios de restaurantes están brindando el servicio por delivery, esto solo representa un 20% y algunas franquicias llegan al 35%, añadió De Obaldía. El gremio ha tenido acercamientos con algunos propietarios de locales, pero el dirigente reiteró la necesidad de sentarse a negociar.