Los economistas manifestamos una admiración a veces exagerada por las métricas y las razones financieras que permiten hacer proyecciones de toda índole para ver si de una u otra forma acertamos a algo. Que si el crecimiento, que si la deuda, que si los unicornios azules o las manzanas azules: todo lo queremos predecir para procurar acciones que eviten hambre, dolor o pérdida monetaria.
La economía tiene esa particularidad de poder ser segmentada y encasillarla rápidamente en categorías para fácil estudio y, por ende, hacer lo que tanto nos gusta: anticipar, proyectar, inferir y concluir.
La economía formal regulada, reglamentada, pagadora de impuestos y tributos, permite su estudio rígido y por ende más sencillo. La economía informal es algo más complicada porque la métrica no es sencilla, a pesar de ser más real y humana porque tiene que ver con la necesidad de autopreservación del ser humano; es el subsistir a como dé lugar vendiendo en las calles bombitas y estrellitas durante Navidad de ser necesario.
Pero, ¿cómo se mide la economía criminal? Es más: ¿Por qué hablar de economía criminal?
Voy más allá: ¿Por qué amable y pacíficamente permitimos la existencia de la economía criminal? La corrupción rampante que aqueja a la región es simplemente un vehículo, una expresión de la facilidad con la cual políticos, empresarios, banqueros, abogados, y otros mal llamados “capitanes de industria” han violado normas para lograr objetivos arrogantes y egoístas.
El impacto económico de la corrupción como vehículo de operación ya ha sido medido a través de indicadores que evalúan qué transparentes somos, qué tan corruptos somos y cómo nos comparamos en materia de eficiencia y competitividad con otros países. Pero el concepto de economía criminal que se asociaba a actividades ilícitas tipo narcotráfico, blanqueo de capitales o financiamiento de armas de destrucción masiva, en Panamá, lo hemos llevado a la más sucia expresión de egocentrismo absurdo y destructor de todo lo bueno que un país puede ser.
El gobierno central no falló en su proyección al quedarse corto por 500 millones de dólares en recaudación necesaria para acabar con pobreza, reducir criminalidad o construir mejores escuelas: simplemente erró en entender que tenemos un alto contenido de informalidad criminal en nuestra economía, que llegó evidentemente a su clímax entre los años 2009 y 2014, pero que ha venido desgarrando la entraña pura del panameño por décadas de pillaje y bribonería.
Al cerrarse válvulas de irracionalidad criminal se dan entonces casos en los que dos personas, un funcionario y un empresario, acuerdan devolver 50 millones de dólares al Estado producto de acuerdos en reconocimiento por su participación en la economía criminal.
Esos 50 millones de dólares representan el 10% del monto que el gobierno no recaudó en materia de ingresos corrientes.
Mientras en Holanda se habla de la economía circular encontrando formas en evitar el despilfarro, y en Colombia tienen a un candidato presidencial precursor de la economía naranja, de la innovación y la creatividad, aquí hemos desarrollado la economía criminal a un nivel excelso, nivel doctorado.
Es tiempo ya de acabar con esto antes de que acabe con el país que tenemos, y que nunca veamos el país que anhelamos y que tuvimos la potencialidad de legar a nuestros hijos.
El autor es economista