TRANSPARENCIA FINANCIERA

Ejecutivo analiza propuestas sobre leyes antiblanqueo, pero no alteraría su espíritu

Ejecutivo analiza propuestas sobre leyes antiblanqueo, pero no alteraría su espíritu
Dani Kuzniecky, secretario del CNBC, y Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional. La Prensa


Uno de los temas en materia económica que dominará la agenda en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que comienza en julio, es el debate sobre el proyecto de Ley 624, una propuesta del Ejecutivo que introduce modificaciones en el Código Fiscal y en otras cinco normas que tienen que ver con la lucha contra el blanqueo de capitales y el intercambio de información con fines tributarios.

Las propuesta busca adaptar el marco legislativo nacional para cumplir con distintos estándares internacionales y así mejorar la calificación ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e implementar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para salir de la lista gris que elabora este organismo.

En una conversación con este diario, Dani Kuzniecky, secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron la estrategia que adelantan para salir de las listas discriminatorias.

Romero señaló que con el proyecto de ley 624 se están modificando las leyes para que estas sean implementadas de manera eficaz, una de las carencias históricas de Panamá.

En materia fiscal, uno de los requerimientos a Panamá tiene que ver con la capacidad de intercambiar registros contables de entidades offshore. Aunque desde 2016 existe la obligación de que los agentes residentes tengan acceso a esta información, en la práctica, el país “no era capaz de recabar esa información e intercambiarla para cooperar internacionalmente de forma eficaz”, sostuvo Romero.

El proyecto ha generado ciertas aprehensiones entre gremios empresariales y de abogados, tanto por las nuevas exigencias vinculadas a los registros contables, como por el monto propuesto para las sanciones, que llegaría hasta $5 millones.

Kuzniecky señaló que la Cámara de Comercio ha manifestado su posición sobre el proyecto a través de una carta y que hay otros sectores que directamente se oponen a la aprobación de la norma.

Dijo que han mantenido conversaciones con los distintos gremios y que se están analizando sus planteamientos. No obstante, dejó claro que “si terminamos deformando el proyecto para que todo Panamá esté contento, lo más probable es que no hayamos hecho absolutamente nada”. La comunidad internacional entendería que Panamá se queda a mitad de camino en las reformas que se deben implementar. “Vamos a escuchar. No somos inflexibles, pero la decisión tiene que ser responsable”, dijo Kuzniecky, que adelantó que podría haber cambios en el texto, pero sin alterar su espíritu original.

El abogado convino en que la falta de condenas por casos de corrupción es uno de los desafíos pendientes para salir de la lista gris del GAFI. Además, explicó que el país debe mostrar un avance de manera integral y un progreso constante e irreversible para salir de lista.

Advirtió de la amenaza de que “nos impongan fechas fatales y/o ser incluidos en la lista negra”. Entre los temas prioritarios que debe abordar Panamá están el tener un entendimiento del riesgo sobre el uso del sector corporativo, específicamente de entidades offshore y de uso de directores y accionistas nominales; programas de supervisión sobre aplicación de medidas de prevención; la aplicación de sanciones disuasivas por incumplimiento; el acceso a información actualizada y oportuna sobre los beneficiarios finales de las entidades; avanzar en las investigaciones criminales; y la cooperación internacional oportuna y eficiente.