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El debate de las pensiones dentro y fuera del diálogo

El Conep intenta divulgar con más fuerza su postura. Conato llega a la Asamblea Nacional.

El debate de las pensiones dentro y fuera del diálogo
En diciembre, la plenaria del diálogo por la CSS debe entregar un informe final al Presidente, quien luego deberá presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Archivo

La crisis financiera que atraviesa la Caja de Seguro Social (CSS) requerirá de una reestructuración integral de la entidad y el sistema de pensiones. La situación es conocida por todo el país, pero la solución que se propone al problema es disímil, tal como queda demostrado con las propuestas que surgen dentro y fuera del diálogo del que deben salir las reformas que se discutirán en la Asamblea Nacional.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) convocó esta semana a los medios para explicar el modelo que creen solucionaría el hueco financiero que enfrenta el subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El gremio, activo en el diálogo, reafirmó su posición de implementar un sistema de pensiones basado en tres pilares. Un primer pilar solidario no contributivo para la población más vulnerable, algo muy similar al subsidio que se conoce como 120 a los 65.

Además, de un segundo pilar obligatorio de ahorro individual, capaz de pagar mejores pensiones para que cada cotizante reciba lo que aporta, más intereses.

◦ Y un tercer pilar de ahorro voluntario y complementario, que mejore las pensiones y promueva la participación conjunta de empleadores y trabajadores.

El organismo también ha propuesto una nueva institucionalidad para la CSS, lo que conllevaría la creación de un ente rector autónomo encargado de todo el sistema de pensiones, el cual estaría separado de la actual administración encargada de los demás programas, como el de riesgos profesionales o enfermedad y maternidad.

También sugiere crear una especie de superintendencia para todo el sistema de pensiones, el cual estará encargado de velar por el cumplimiento de las normas que regulan el sistema, intentando evitar lo que ha sucedido hasta ahora con el incumplido de la Ley 51 de 2005 de la CSS, que indica como una obligación hacer reservas mínimas para equilibrar el costo y el financiamiento del sistema de pensiones.

De acuerdo con el Conep, los riesgos de invalidez y muerte se manejarían a través de la constitución de seguros colectivos con coberturas obligatorias, un porcentaje del salario como prima definida, requisitos y montos en igualdad de condiciones para los asegurados, administración en competencia y con reservas legales según cálculos actuariales y normas propias de la industria de seguros.

En tanto, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), que desde junio ratificó su salida del diálogo de la CSS, intenta tomar ventaja y acudió a la Asamblea Nacional con una “iniciativa ciudadana” que pretende reformar el sistema de pensiones.

Pasando por encima de todos los que participan en el diálogo, el pasado 18 de octubre presentó el anteproyecto de Ley 160, que modifica la ley orgánica de la CSS.

La propuesta plantea, entre otras cosas, la modificación del artículo 150 de la Ley 51 de 2005, que detalla que el régimen de IVM está integrado por un régimen en el que coexisten dos subsistemas, el exclusivamente de beneficio definido y el subsistema mixto.

El Conato pretende que el IVM quede integrado únicamente por un régimen universal y de reparto definido.

Es decir, que la propuesta específica es eliminar el sistema mixto y hacer uso de los ahorros individuales y personales de los cotizantes que hoy forman parte de este programa para pagar las jubilaciones de los actuales pensionados.

La propuesta de Conato desafía lo que han dicho los especialistas.

La Junta Técnica Actuarial de la CSS pudo materializar el desastre que pasaría si se decide consolidar el aún saludable sistema mixto de pensiones con el quebrado subsistema exclusivo de beneficio definido.

Eliminar todo lo relacionado con la creación del sistema mixto daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que cuadruplicaría el déficit máximo por año de unos $3,000 millones a un déficit máximo por año de entre $12,000 y $13,000 millones.

El documento aún no ha sido admitido.


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